Jorge Barrientos
La diputada por Movimiento Ciudadano, Fedrha Suriano Corrales, señaló que más allá de pensar de manera inmediata en la destitución del secretario general del Congreso del Estado, Leopoldo de Lara Valera, y del director jurídico, Jesús Juárez Lezama, es necesario fortalecer estas áreas dentro del Poder Legislativo para evitar errores administrativos y jurídicos. No obstante, indicó que, de ser necesario, se tendrá que tomar una decisión sobre su permanencia.
La legisladora informó que primero se deberán evaluar las quejas presentadas por el Partido Acción Nacional (PAN) en contra de ambos funcionarios, a fin de determinar si existen elementos suficientes para proceder con alguna medida administrativa.
Suriano Corrales explicó que, en una primera etapa, se deberá “robustecer” la Dirección Jurídica del Congreso mediante la integración de más abogados con un perfil técnico y no político, lo que permitiría dar mayor solidez al trabajo legislativo y avanzar en la revisión y dictaminación de las iniciativas pendientes.
“Se debe robustecer al equipo de la Dirección Jurídica, arroparlos con más abogados o personas con conocimiento técnico. Habría que analizar los errores y las omisiones, así como las denuncias y señalamientos en los que ha incurrido el secretario para poder tomar una decisión”, expresó.
Asimismo, enfatizó que en el caso del secretario general será necesario realizar una evaluación de su desempeño, con el objetivo de garantizar que cumpla de manera adecuada con sus responsabilidades. En caso de detectarse irregularidades o incumplimientos, señaló que podría plantearse su relevo en el cargo.
Cabe recordar que Leopoldo de Lara Valera y Jesús Juárez Lezama han sido señalados por presuntamente omitir información a la Junta de Gobierno y Coordinación Política, particularmente respecto a algunas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, e incluso por emitir respuestas sin contar con las facultades correspondientes.
Además, otra de las observaciones señaladas fue el turno incorrecto de iniciativas y puntos de acuerdo a las comisiones legislativas, lo que provocó retrasos en su análisis y dictaminación dentro del Congreso del Estado.