Jorge Barrientos
El diputado Julio Miguel Huerta Gómez, integrante del Grupo Legislativo de Morena en el Congreso del Estado de Puebla, presentó una iniciativa para reformar la denominación de la Ley de Aranceles que regula el cobro de honorarios de abogados en la entidad, con el objetivo de incorporar un lenguaje incluyente que reconozca a todas las personas que ejercen la profesión jurídica.
La propuesta plantea modificar el nombre del ordenamiento actualmente denominado “Ley de Aranceles para el Cobro de Honorarios de los Abogados o Licenciados en Derecho del Estado de Puebla” para que pase a llamarse “Ley de Aranceles para el Cobro de Honorarios de las Personas Profesionales del Derecho del Estado de Puebla”.
El legislador explicó que el cambio busca actualizar el lenguaje jurídico estatal y hacerlo acorde con los principios de igualdad, inclusión y no discriminación establecidos en el marco constitucional mexicano.
Entre los datos expuestos en la iniciativa se destaca que en México alrededor de 449 mil personas ejercen la abogacía, principalmente en servicios legales, administración pública y asesoría jurídica privada. De ese total, aproximadamente el 42.5 por ciento corresponde a mujeres, lo que refleja un incremento en la participación femenina dentro de la profesión.
Asimismo, se señala que el derecho se mantiene como una de las carreras con mayor presencia en el mercado laboral del país, con más de 628 mil profesionistas formados en esta disciplina.
En el ámbito estatal, el documento legislativo indica que más de 23 mil personas ejercen la abogacía en Puebla, lo que evidencia la relevancia de la actividad jurídica en la vida institucional, económica y social de la entidad.
De acuerdo con la exposición de motivos, el uso exclusivo del masculino en la denominación actual de la ley responde a una tradición jurídica histórica; sin embargo, actualmente existe un consenso creciente sobre la necesidad de adoptar expresiones normativas incluyentes que reconozcan la diversidad de quienes participan en el ámbito profesional.
El diputado argumentó que el lenguaje utilizado en las leyes no es neutral, ya que también tiene un impacto simbólico en la manera en que las instituciones reconocen a las personas que forman parte de ellas, por lo que la actualización de la denominación contribuiría a visibilizar a las mujeres y a otras identidades dentro de la comunidad jurídica.
La iniciativa también contextualiza la propuesta en el debate actual sobre igualdad de género y participación de las mujeres en la vida pública, especialmente tras las movilizaciones realizadas el pasado Día Internacional de la Mujer, cuando miles de mujeres salieron a las calles en distintas ciudades del país para exigir justicia, seguridad y el fortalecimiento de políticas públicas que garanticen la igualdad sustantiva.
Finalmente, el proyecto de decreto establece que, una vez aprobado por el Congreso local, el cambio en la denominación de la ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, además de que se derogarán todas las disposiciones que se opongan a la reforma.