Jorge Barrientos
La diputada local de Movimiento Ciudadano, Fedrha Suriano Corrales, presentó en el Poder Legislativo una iniciativa para reforzar las medidas de seguridad en bares y centros nocturnos, mediante la instalación obligatoria de botones de pánico y la asignación de personal de seguridad.
La propuesta contempla modificaciones a la Ley para la Venta y Suministro de Bebidas Alcohólicas, con el objetivo de generar mayores condiciones de protección tanto para clientes como para trabajadores de estos establecimientos.
Durante su exposición, Suriano Corrales subrayó que la intención no es afectar la operación de los negocios, sino fortalecer la seguridad en espacios que forman parte de la dinámica económica y social del estado.
“No se trata de cerrar negocios ni de criminalizar la vida nocturna. La vida nocturna forma parte del tejido económico, cultural y social del estado, genera empleos y dinamiza sectores enteros”, expresó la legisladora.
Entre los principales puntos de la iniciativa destaca la obligatoriedad de colocar botones de pánico o sistemas de alerta temprana, los cuales podrán ser físicos o digitales y deberán estar conectados con instituciones de seguridad pública.
Asimismo, se plantea que bares y antros conserven por 30 días los registros audiovisuales captados por sus sistemas de videovigilancia. Estos dispositivos deberán contar con visibilidad perimetral hacia la vía pública inmediata, cubriendo un radio mínimo de diez metros.
De acuerdo con el planteamiento, los sistemas de vigilancia deberán estar enlazados con los centros municipales de seguridad y el C5, a fin de facilitar el acceso a información en caso de incidentes.
Otro de los aspectos considerados es que los establecimientos cuenten con al menos un guardia de seguridad por cada 50 personas de aforo autorizado, quien deberá estar debidamente capacitado conforme a la Ley de Seguridad Privada.
La legisladora enmarcó la propuesta en el contexto de recientes hechos violentos. Recordó que el pasado 14 de febrero se registró el asesinato de tres jóvenes identificados como Giselle, Joaquín y Emmanuel, quienes —según las investigaciones de la Fiscalía General del Estado— habrían sido confundidos con el objetivo de los agresores.