Jorge Barrientos
La diputada local de Morena, Gabriela Chumacero, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma al Código Civil de Puebla para garantizar que las mujeres que ejercen el trabajo sexual no pierdan la patria potestad de sus hijas e hijos por motivo de su ocupación.
La propuesta plantea establecer con claridad que ninguna madre pueda ser privada de la custodia de sus menores basándose exclusivamente en su actividad laboral, al considerar que actualmente existe una laguna legal que permite que jueces o familiares argumenten “falta de idoneidad” o “peligro moral” sustentados únicamente en el ejercicio del trabajo sexual.
Desde tribuna, la legisladora señaló que esta situación ha derivado en actos de discriminación y en resoluciones judiciales influenciadas por prejuicios. “El trabajo sexual no debe ser sinónimo de incapacidad materna. Muchas de estas mujeres ejercen precisamente para sacar adelante a sus familias, y el Estado no puede castigarlas quitándoles a sus hijos basándose en prejuicios”, expresó.
La reforma contempla tres ejes principales:
Que la evaluación de la custodia se base estrictamente en el bienestar, cuidado y entorno afectivo que recibe el menor, sin considerar la procedencia de los ingresos económicos de la madre.
Prohibir de manera explícita que el trabajo sexual sea considerado como abandono o mal ejemplo para niñas, niños y adolescentes.
Impedir que exparejas o familiares utilicen la ocupación de la mujer como mecanismo de presión, chantaje o violencia vicaria en juicios familiares.
Chumacero, reconocida por su activismo en favor de la comunidad LGBTIQ+ y de sectores históricamente marginados, sostuvo que Puebla mantiene una deuda pendiente con las trabajadoras sexuales, quienes —dijo— enfrentan condiciones de clandestinidad, estigmatización y acoso constante.
Durante la presentación de la iniciativa, integrantes de la organización “Chicas de la 14” acudieron al Poder Legislativo para manifestar su respaldo a la propuesta, con el objetivo de frenar la discriminación que aseguran padecer por su oficio.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis, discusión y eventual dictaminación.