Jorge Barrientos
El diputado local Julio Miguel Huerta Gómez, integrante del Grupo Legislativo de Morena en el Congreso del Estado de Puebla, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Auditoría Superior del Estado a investigar probables irregularidades en los cobros del servicio de agua potable en el municipio de Tehuacán.
La proposición solicita que se realicen las investigaciones pertinentes sobre posibles cobros indebidos que no se ajustan a las tarifas aprobadas y publicadas en la Ley de Ingresos del Municipio de Tehuacán para el Ejercicio Fiscal 2026, y que en su caso se inicien los procedimientos administrativos de responsabilidad correspondientes.
Inconformidad ciudadana por incrementos
Según expone el legislador, durante el inicio del ejercicio fiscal 2026 se ha manifestado una inconformidad social por parte de usuarios del servicio doméstico, quienes han expresado sorpresa ante cobros que perciben como significativamente superiores a los de ejercicios anteriores.
La inconformidad ciudadana se ha reflejado en quejas directas ante el Organismo Operador, manifestaciones en medios de comunicación y redes sociales, así como solicitudes de aclaración sobre la correcta aplicación de las tarifas autorizadas.
El Congreso del Estado había aprobado para 2026 únicamente un ajuste del 4% en las tarifas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, correspondiente al índice inflacionario. Sin embargo, usuarios reportan incrementos que consideran desproporcionados.
Señalamientos desde el Cabildo
Huerta Gómez destaca que en la más reciente sesión del Cabildo de Tehuacán, la persona titular de la Sindicatura Municipal manifestó públicamente su preocupación respecto de la aprobación de las tarifas, señalando que podrían resultar desmedidas.
El diputado subraya que la proposición «no parte de la presunción de responsabilidad alguna», sino que busca una revisión técnica, objetiva y especializada que permita esclarecer los hechos y disipar cualquier duda razonable.
Defensa de la legalidad y transparencia
En su exposición de motivos, el legislador recuerda que el acceso al agua potable es un derecho humano fundamental reconocido en el artículo 4° de la Constitución, y que su prestación debe realizarse bajo criterios de legalidad, equidad, transparencia y asequibilidad.
«La legalidad, la justicia social y la honestidad en el ejercicio del servicio público no son negociables», señala el documento, que añade que cualquier situación que genere duda razonable será atendida con apego estricto a la ley.
El punto de acuerdo fue presentado con fundamento en diversos artículos de la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento Interior del Congreso del Estado de Puebla.
La Auditoría Superior del Estado cuenta con atribuciones para realizar revisiones preventivas y solicitar información correspondiente al ejercicio fiscal en curso cuando existan elementos que lo ameriten, facultades en las que se sustenta la solicitud del diputado Huerta Gómez.
