Delia Soriano
Especialistas de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) advirtieron que la reciente acción del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, que derivó en la captura y traslado del presidente Nicolás Maduro a territorio estadounidense para ser juzgado, se inscribe en un proceso más amplio de reconfiguración del orden internacional, caracterizado por el debilitamiento del derecho internacional, el retorno del uso del poder duro y una creciente fragmentación política en América Latina.
Durante un análisis sobre la situación venezolana y sus implicaciones regionales y globales, Derzu Daniel Ramírez Ortiz, director de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la UPAEP, y Herminio Sánchez de la Barquera y Arroyo, profesor investigador del mismo programa, coincidieron en que el episodio no debe entenderse como un hecho aislado, sino como un reflejo de cambios estructurales en la política mundial.
Ramírez Ortiz explicó que el contexto internacional actual está marcado por la transición de un orden unipolar, encabezado por Estados Unidos, hacia un sistema más fragmentado y multipolar, en el que potencias como China y Rusia compiten por áreas de influencia estratégica. En este escenario, señaló, América Latina ha recuperado relevancia para Washington.
El académico recordó que durante décadas la región fue considerada secundaria para los intereses estadounidenses, debido a su enfoque en Medio Oriente y Asia. Sin embargo, esta percepción ha cambiado ante fenómenos como el fortalecimiento del narcotráfico, la migración irregular y la creciente presencia de potencias extrarregionales en países latinoamericanos.
En ese sentido, indicó que Venezuela se convirtió en un punto de atención no solo por su crisis política y económica interna, sino también por sus vínculos estratégicos con China, Rusia e Irán, lo que explicaría el intento de Estados Unidos por redefinir los límites de influencia en el hemisferio occidental.
Ramírez Ortiz advirtió además sobre la erosión del respeto al derecho internacional, una tendencia observable tanto en acciones de Rusia como en la política exterior reciente de Estados Unidos. Subrayó que esta situación resulta especialmente delicada para América Latina, una región que históricamente ha recurrido al derecho internacional y al multilateralismo como mecanismos de protección frente a las asimetrías de poder.
A este panorama se suma, dijo, la falta de una postura regional unificada. Las posiciones divergentes de países como Argentina, México, Brasil y Chile frente a la acción estadounidense evidencian la fragmentación política que limita respuestas conjuntas ante escenarios de alta tensión internacional.
Por su parte, Herminio Sánchez de la Barquera afirmó que Nicolás Maduro encabezaba un régimen autoritario, surgido de procesos electorales cuestionados y marcado por violaciones sistemáticas a los derechos humanos. No obstante, precisó que esta condición no legitima una intervención que contravenga el derecho internacional ni la legislación interna de Estados Unidos.
El académico recordó que la Carta de las Naciones Unidas solo permite el uso de la fuerza en casos de legítima defensa o con autorización expresa del Consejo de Seguridad, supuestos que, dijo, no se cumplieron. Añadió que tampoco existió autorización del Congreso estadounidense, como lo establece su marco jurídico.
Sánchez de la Barquera señaló que este tipo de acciones podrían marcar el surgimiento de una nueva doctrina en la política exterior estadounidense, con implicaciones directas para la soberanía de los países de la región.
Aunque reconoció la operación como un éxito desde el punto de vista militar, advirtió que el principal desafío será político, ya que la salida de Maduro no resuelve los problemas estructurales de Venezuela, como la crisis económica, la inseguridad, la migración masiva y el colapso institucional.
Respecto a los flujos migratorios, ambos especialistas coincidieron en que no se esperan mejoras en el corto plazo. Venezuela, afirmaron, continuará siendo un país expulsor de población, mientras Estados Unidos mantendrá una política migratoria restrictiva, lo que impactará directamente a países de tránsito y destino como México, Colombia, Perú, Brasil y Chile.
En el caso mexicano, señalaron que el país enfrenta un doble reto: atender el tránsito migratorio y responder a la presión de la política estadounidense, lo que exige una postura diplomática congruente, basada en la defensa del derecho internacional y los derechos humanos.
Finalmente, los académicos coincidieron en que este episodio representa un precedente relevante para el sistema internacional y llamaron a reflexionar sobre los riesgos de normalizar acciones unilaterales y liderazgos autoritarios que debilitan las instituciones y las reglas de convivencia global.