Gobierno estatal acusa “Cártel de las Concesiones” por contratos heredados desde 2013.

 

Delia Soriano

El coordinador del Gabinete Estatal, José Luis García Parra, informó que dar por terminada la concesión del sistema RUTA tendría un costo superior a 22 mil millones de pesos, debido a las cláusulas establecidas en los Proyectos para Prestación de Servicios (PPS). Señaló que este esquema financiero, heredado de administraciones pasadas, compromete al estado durante 29 años y limita la capacidad presupuestal del gobierno.

Durante una rueda de prensa, García Parra acusó que los gobiernos emanados del PAN dejaron en Puebla una red de contratos y obligaciones financieras que continúan impactando las finanzas públicas más de una década después. A este conjunto de proyectos lo calificó como un “Cártel de las Concesiones”, por el alcance económico que representan y la larga vigencia de cada acuerdo.

El funcionario explicó que los modelos de inversión impulsados durante el ex gobernador panista Rafael Moreno Valle, se diseñaron para extenderse casi tres décadas, lo que dificulta revertirlos y mantiene comprometido el gasto estatal. Tan sólo en el caso de RUTA, desde su puesta en operación el sistema ha representado para Puebla más de 4 mil millones de pesos en contraprestaciones.

Ante ello, dijo que, con ese monto el estado podría renovar integralmente el sistema de transporte público, lo que evidencia la dimensión de los compromisos heredados.

Asimismo, García Parra agregó que todavía quedan al menos diez años de pagos pendientes derivados de distintos PPS, entre los que se encuentran los relacionados con el Museo Internacional del Barroco. Recordó que este proyecto fue renegociado durante la actual administración para reducir la carga financiera sobre el erario.

También señaló que, en 2013 con mayoría panista, el Congreso del Estado aprobó retirar a la Legislatura la facultad de regular las tarifas del servicio de agua, entregando ese control a empresas privadas. Revertir dicha decisión, expuso, implicaría un costo superior a 7 mil millones de pesos para la administración estatal.

Finalmente, respondió a las declaraciones recientes del partido Movimiento Ciudadano, recordó que esa bancada legislativa apoyó en su momento la privatización del agua y otras decisiones que dieron origen al esquema actual de concesiones. Afirmó que varios de quienes hoy critican al gobierno estatal “guardaron silencio” cuando se aprobaron medidas que beneficiaron a empresas privadas y que continúan generando presiones económicas para Puebla.

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