Delia Soriano
María Fernanda León hizo pública una denuncia en la que señala ser víctima de violencia familiar por parte de su exesposo, identificado como Israel “N”, así como de presunta corrupción y anomalías dentro del Poder Judicial del Estado de Puebla y de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres.
En un video difundido en redes sociales, León afirmó que, pese a contar con elementos que —según su versión— acreditarían que ella ha sido víctima de agresiones, ha enfrentado obstáculos para que sus pruebas sean integradas a las investigaciones ministeriales.
Indicó que, en reiteradas ocasiones, agentes del Ministerio Público se han negado a recibir la documentación que intenta aportar y acusó la desaparición de valoraciones médicas y psicológicas realizadas por la propia Fiscalía de Género, en las que, asegura, se registraban episodios de violencia en su contra.
Entre los señalamientos, mencionó al investigador de la Fiscalía de Género José María Barragán Baruch, a quien acusó de amenazarla durante una reunión en la que también estuvo presente la fiscal de género Karla Michelle Salas. Según León, el funcionario le advirtió que, de no seguir sus recomendaciones, podría emitirse una orden de aprehensión en su contra y perder la custodia de su hijo.
También señaló al secretario de acuerdos del juzgado, Jesús Antonio Concha Cortés, por presunto acoso e intentos de influir en sus decisiones dentro del proceso familiar.
La denunciante sostuvo que las advertencias se concretaron el 27 de octubre de 2025, cuando el juez de control David Rodríguez González emitió una orden de aprehensión en su contra por la presunta agresión a Israel “N”. Consideró esta imputación “irreal” y afirmó que enfrenta el riesgo de ser detenida por no acceder a las peticiones de su exesposo.
León recordó que el 1 de diciembre de 2024 presentó una denuncia por violencia familiar tras una agresión que, asegura, sufrió de parte de su entonces pareja. Sin embargo, señaló que la carpeta de investigación avanzó lentamente, situación que la llevó a acudir a distintas instancias para exigir seguimiento.
Posteriormente, Israel “N” presentó una denuncia en su contra por supuestas lesiones. De acuerdo con la versión de León, esta carpeta fue integrada en un mes por la agente del Ministerio Público Karen Elizabeth Velazco Ortiz, adscrita a la Fiscalía de Género, y judicializada el 25 de enero de 2025 ante el juez David Rodríguez González. Consideró este contraste en los tiempos de actuación como un indicio de trato desigual.
En el ámbito familiar, informó que promovió la guardia y custodia de su hijo ante un juzgado de Cholula. No obstante, acusó que la jueza Antonia Inés Morales Palacios habría extraviado el expediente y las pruebas presentadas, entre ellas videos en los que —según afirmó— se observa a Israel “N” ejerciendo violencia frente al menor.
María Fernanda León aseguró sentirse en situación de vulnerabilidad, tanto por la posibilidad de ser privada de la libertad como por perder la custodia del menor. Consideró que su caso evidencia fallas institucionales en los procesos de atención a mujeres víctimas de violencia.
Hizo un llamado a autoridades estatales y federales para que su situación sea revisada con urgencia, que el caso sea turnado a un juzgador que actúe con imparcialidad y que la investigación sea atraída por una fiscalía que, dijo, garantice objetividad y perspectiva de género.
También solicitó el acompañamiento de colectivos y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, y pidió a la ciudadanía difundir su denuncia. Concluyó su mensaje con el llamado: “No permitan que pierda mi libertad con tal de arrebatarme a mi bebé. Porque si tocan a una, tocan a todas”.