Jorge Barrientos
El académico y especialista en fiscalización, Román Sánchez Zamora, formalizó este martes su registro como aspirante a ocupar la titularidad de la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Puebla, convirtiéndose en el primer candidato en participar en el proceso convocado por el Congreso local.
En entrevista, Sánchez Zamora afirmó que, de ser designado, su gestión se regirá por el estricto cumplimiento de la ley y la objetividad técnica, dejando de lado cualquier uso político del órgano fiscalizador.
“Solamente hay que apegarnos a la ley y revisar estrictamente la gestión contable; en el tema de los números, estos deben ser fríos y no debe haber otro tipo de criterio”, expresó.
El aspirante destacó que cuenta con el respaldo del Colegio de Contadores Públicos, además de la experiencia profesional y el conocimiento académico requeridos para el cargo. Aseguró que su documentación cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria y manifestó su confianza en el proceso legislativo.
De acuerdo con el cronograma del Congreso del Estado, la revisión de documentos está programada para el 3 de diciembre; las entrevistas con los aspirantes se realizarán los días 9 y 10, mientras que la votación final se efectuará el 11 del mismo mes.
Sánchez Zamora adelantó que su propuesta de trabajo se centrará en fortalecer las políticas públicas de fiscalización y en acercar la labor de la ASE a la ciudadanía.
“No se trata sólo de visitar a las autoridades, sino también de construir puentes con la sociedad para eficientar el uso de los recursos públicos”, señaló.
En relación con el caso de la camioneta blindada adquirida durante la gestión de la exauditora Amanda Gómez Nava, valuada en más de 2.8 millones de pesos, el aspirante indicó que promoverá una investigación exhaustiva, “más allá de las suposiciones”.
Finalmente, propuso la implementación de auditorías itinerantes con un enfoque de interacción directa con la sociedad y reiteró su compromiso de mantener la independencia técnica y legal de la ASE, con el objetivo de fortalecer la confianza ciudadana en el órgano fiscalizador.