Propone Julio Huerta reforma al artículo 123 constitucional para proteger derechos de servidores públicos

Jorge Barrientos

El diputado local Julio Miguel Huerta Gómez presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado de Puebla para reformar el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de garantizar justicia laboral a los servidores públicos que sean destituidos de manera injustificada.

La propuesta busca permitir la reincorporación de trabajadores del servicio público cuando un tribunal determine que su separación del cargo fue arbitraria, o bien, otorgarles una indemnización justa. Actualmente, la ley impide el regreso de los servidores públicos despedidos, incluso si se comprueba que fueron removidos sin causa legal.

El legislador explicó que la reforma pretende corregir una norma que prioriza la estabilidad institucional por encima de la justicia, lo que, dijo, ha provocado decisiones injustas y vulnerado los derechos de quienes sirven al Estado.

Huerta Gómez señaló que la disposición vigente, incorporada desde la reforma de 1999, ha favorecido una lógica de exclusión en lugar de promover el debido proceso, mientras que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reforzado esta limitación al negar medidas cautelares en casos de despido injustificado.

De acuerdo con la iniciativa, la modificación busca equilibrar la depuración de elementos corruptos con la protección de los derechos individuales, fortaleciendo un marco jurídico más justo y humanista.

La propuesta establece que la reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con efectos retroactivos en beneficio de los servidores públicos que hayan sido destituidos de manera injusta y cumplan con los requisitos legales para su reincorporación.

El diputado subrayó que esta medida representa un paso hacia la dignificación del servicio público, al colocar la justicia y el respeto a los derechos humanos como principios fundamentales en la relación laboral entre el Estado y sus trabajadores.

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