• Gracias a esta reforma, se aplicarán sanciones de 4 a 10 años de prisión contra quienes promuevan la colocación de viviendas en asentamientos irregulares
A favor de promover el orden en el desarrollo urbano en la entidad poblana, se pronunció el diputado y presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso del Estado, Eduardo Castillo López, tras la aprobación de la reforma a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable; de la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil y del Código Penal del Estado.
El también diputado por el distrito 23 de Acatlán de Osorio, recalcó que, gracias a esta reforma, se prohíbe que las autoridades otorguen licencias, permisos o cualquier tipo de autorización para fundar y/o crear asentamientos en los derechos de vía de infraestructura energética, comunicaciones, e hidráulica, así como zonas de riesgo.
Cabe aclarar que, en el caso de funcionarios públicos, la reforma establece que, en caso de incurrir en violaciones a la ley, pueden ser acreedores a una sanción que va de 4 a 10 años de prisión y multa de 200 a 500 UMA, además de que esta misma sanción la recibirán quienes se beneficien de la conformación de un asentamiento humano irregular o promuevan un fraccionamiento irregular.
Las multas también son aplicables para los funcionarios públicos que realicen actos u omisiones para autorizar, otorgar o conceder la fundación de asentamientos humanos irregulares en los derechos de vía de infraestructura energética, comunicaciones o zonas de riesgo.
Por ello, Castillo López comentó que la reforma sin duda es un avance para promover el orden en el desarrollo urbano, ya que se establece una definición completa y precisa para el termino asentamientos humanos irregulares, evitando lagunas y procurando que se respeten los requerimientos mínimos de infraestructura, equipamiento y servicios básicos.
Tras agradecer el trabajo de diputadas y diputados que participaron en las mesas de diálogo para la construcción de la reforma, así como a Jonathan Avalos, Consejero Jurídico y a la Subsecretaria para la Gestión del Territorio y Desarrollo Urbano, Norma Angélica Sandoval Gómez; Eduardo Castillo refirió que dentro del cambio en la norma se incluye en un apartado a los ayuntamientos, los cuales tendrán la obligación de observar el cumplimiento de las leyes referentes a los derechos de vía de infraestructura energética, comunicaciones y zonas federales, y de las zonas de riesgo donde exista la probabilidad de que se produzca un daño, planeando y trabajando en el bienestar de la población.