Por Mariano Astorga
Tristemente, volvemos a un tema que nunca deja de estar presente: la inseguridad. Y esta vez lo abordo desde los datos del INEGI, a través de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). No se trata de cifras alegres ni maquilladas: es el pulso ciudadano, recabado bajo una metodología de muestreo, a partir de cuestionarios aplicados en los hogares de todo el país.
La ENVIPE se realiza de manera anual desde 2011 y nos da información sobre seis grandes rubros:
1. Número de víctimas y delitos ocurridos.
2. Delitos no denunciados y causas de la llamada “cifra negra”.
3. Sensación de seguridad en los espacios cotidianos.
4. Confianza y percepción del desempeño de las autoridades.
5. Gastos que realizan los hogares para protegerse.
6. Experiencias de las víctimas con las instituciones de seguridad y justicia.
¿Y por qué es importante hablar de esto? Porque estas cifras contrastan con las del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las cuales dependen exclusivamente de las denuncias presentadas ante las fiscalías. En otras palabras: mientras las autoridades presumen que la incidencia delictiva va a la baja, el INEGI nos recuerda que la mayoría de los delitos ni siquiera llegan a carpeta de investigación.
Los datos son contundentes: en 2024 se estimaron 33.5 millones de delitos asociados a 23.1 millones de víctimas, lo que equivale a una tasa de 34 mil 918 delitos por cada 100 mil habitantes. Apenas el 9.6% de los delitos fueron denunciados, lo que significa que más del 90% quedó en la sombra, sin registro ni investigación.
Los delitos más frecuentes siguen siendo fraude, robo en la vía pública y extorsión, con tasas que superan los seis mil casos por cada 100 mil habitantes. En delitos sexuales, la tasa fue de 4 mil 160 por cada 100 mil mujeres, prácticamente igual a la del año anterior.
Por entidad, la Ciudad de México, el Estado de México y Querétaro concentran las tasas más altas, mientras que Nayarit, Baja California Sur y Campeche registraron las más bajas. Sin embargo, la conclusión es clara: la violencia está presente en todos lados, solo con distinta intensidad.
Otro dato que no se puede ignorar: 93.2% de los delitos no se investigan. Y de las carpetas abiertas, casi el 40% no tienen desenlace alguno. ¿Cómo pedirle confianza a la ciudadanía cuando el propio sistema de procuración de justicia se muestra ineficiente?
A esto se suma la percepción: en 2025, 64.2% de la población considera a la inseguridad como el principal problema del país, por encima incluso de la salud y la inflación. Y tres de cada cuatro personas creen que vivir en su estado es inseguro.
Frente a este panorama, resulta evidente que la cifra negra es la que debería marcar la agenda pública. Los gobernadores y presidentes municipales no pueden seguir basando sus discursos en estadísticas parciales del Secretariado Ejecutivo. Es hora de asumir que la seguridad no se mide solo en denuncias, sino en la realidad que vive la gente todos los días.
El INEGI, desde su creación en 1983, tiene el mandato de generar información confiable para entender al país. Sus datos no están diseñados para complacer a nadie, sino para reflejar con crudeza lo que ocurre en nuestros hogares y calles. Y esa es la fotografía que hoy no podemos ignorar: un México donde la mayoría de los delitos permanecen ocultos y donde la desconfianza hacia las instituciones de justicia sigue siendo la constante.
La pregunta que queda en el aire es incómoda pero inevitable: ¿hasta cuándo las autoridades dejarán de maquillar las cifras y empezarán a reconocer la magnitud real del problema?
Fuente; https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/ENVIPE/ENVIPE_24.pdf