Por Mariano Astorga
Hace unos días, Puebla volvió a estremecerse con un hecho de violencia: un empresario perdió la vida en su propio domicilio tras intentar defenderse de un grupo de sujetos que habían ingresado para robar. La víctima, al enfrentar a uno de ellos, fue herida de muerte. El caso no solo genera indignación, también enciende las alarmas entre el sector empresarial, que ahora exige respuestas y resultados concretos de las autoridades.
Lo más preocupante es que no se trata de un caso aislado. Hace algunos meses, en Lomas del Mármol, una familia fue sorprendida de manera similar: hombres armados entraron a su casa, sometieron a los presentes y robaron vehículos y pertenencias. Aunque en ese entonces hubo una respuesta rápida de la policía municipal y los responsables fueron detenidos, el proceso judicial se desvaneció en el camino. Hoy no se sabe con certeza si siguen tras las rejas o si, debido a errores procesales o medidas cautelares, recuperaron la libertad.
Estos hechos evidencian un patrón. No se trata de delincuentes improvisados, sino de grupos que operan en células, con formas específicas de actuar. Para eso existen las áreas de inteligencia en los cuerpos de seguridad: unidades que deberían identificar modos de operar, ubicar a los responsables y generar estrategias de prevención. La pregunta es: ¿se está haciendo ese trabajo o se limitan a tratar cada caso como un hecho aislado?
En este contexto, el próximo jueves los empresarios acudirán a una mesa de trabajo en la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Ahí, seguramente, se les mostrarán instalaciones, tecnología de punta y estadísticas que buscan tranquilizar los ánimos. Sin embargo, lo verdaderamente relevante no está en los recorridos ni en las pantallas, sino en la capacidad de la autoridad para responder preguntas de fondo:
• ¿Cuántas células delictivas tienen identificadas?
• ¿Cuál es su modus operandi?
• ¿Cuántos responsables han sido detenidos y procesados con éxito?
La coordinación interinstitucional no puede quedar en el discurso ni en boletines de prensa que celebran “pequeños aciertos”. Debe traducirse en resultados palpables: investigaciones sólidas, detenciones legales y prevención efectiva. Porque si las autoridades solo reaccionan ante la presión social o las manifestaciones, la seguridad seguirá siendo frágil.
El asesinato de este empresario debe ser un parteaguas. Hay un detenido, sí, pero queda pendiente identificar y capturar a los demás responsables. Esa labor requiere no solo del trabajo de la Fiscalía, que ya arrastra limitaciones de personal y recursos, sino de la articulación real entre las distintas dependencias. De lo contrario, la llamada “coordinación” seguirá siendo un eslogan vacío.
La ciudadanía, y particularmente el sector empresarial que hoy levanta la voz, no pide favores ni discursos, exige lo mínimo indispensable: autoridades comprometidas, profesionales y responsables. La seguridad no puede depender de la suerte, sino de instituciones que funcionen y que respondan con hechos, no con simulaciones.
