Opinión Mariano Astorga
En los últimos días hemos sido testigos de nuevas marchas y protestas en Puebla. Las escenas se repiten: calles cerradas, monumentos dañados, enfrentamientos con la autoridad. Y nuevamente surge el debate: ¿hasta dónde llega el derecho a manifestarse y dónde comienza la obligación del Estado de preservar el orden?
La Constitución es clara. El artículo 6º reconoce la libertad de expresión, siempre que no se ataque a la moral, a la vida privada o a los derechos de terceros, ni se provoquen delitos o se altere el orden público. El artículo 9º, por su parte, protege el derecho de reunión pacífica, con la condición de que no existan injurias, violencia o amenazas. Ambos artículos son el marco que legitima las protestas, pero también marcan sus límites.
El problema surge cuando, bajo la bandera del derecho a manifestarse, ciertos grupos olvidan —o deciden ignorar— que la protesta no es carta blanca para dañar patrimonio, bloquear vías de comunicación o intimidar a terceros. El artículo 21 constitucional recuerda que la seguridad pública es tarea del Estado, con el fin de salvaguardar la vida, las libertades y la paz social. En otras palabras: cuando la protesta cruza la línea de la legalidad, la autoridad no solo puede, sino debe intervenir.
Lo ocurrido con el daño a la Fuente de San Miguel en el Zócalo es un ejemplo. Lo que algunos califican como «expresión de inconformidad», en realidad encuadra en delitos previstos por el Código Penal: daño en propiedad ajena, ataques a vías de comunicación o incluso asociación delictuosa. El desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad.
Aquí cabe hacer una reflexión necesaria: no toda protesta con causa es legítima en sus métodos. Si un grupo de personas defiende sus demandas pero lo hace mediante violencia, el discurso de lucha social pierde fuerza y se convierte en un acto delictivo.
También corresponde reconocer cuando la autoridad actúa conforme a la ley. Su obligación no es “reprimir” sino preservar el orden público. Si la protesta es pacífica, debe protegerla. Si cruza hacia la violencia, está obligada a intervenir.
Como sociedad, tenemos que dejar de romantizar cualquier manifestación como sinónimo automático de lucha justa. Los derechos siempre van acompañados de obligaciones. Y entre ellas, la más básica: respetar la ley.
De lo contrario, terminamos en un terreno peligroso, donde la protesta se confunde con vandalismo y el reclamo social con delincuencia. Y ahí, lo queramos o no, la línea constitucional ya fue rebasada.