Jorge Barrientos
La diputada local de Movimiento Ciudadano (MC), Fedrha Isabel Suriano Corrales, presentó una iniciativa para derogar el artículo 474 Ter del Código Penal del Estado de Puebla, el cual establece sanciones de dos a cuatro años de prisión para quienes utilicen animales de compañía para extorsionar a sus propietarios o cuidadores a cambio de devolverlos.
La propuesta busca armonizar la legislación penal poblana con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2025, que estableció un marco jurídico nacional para definir este delito, sus modalidades y sanciones.
En la exposición de motivos, la legisladora argumentó que, tras la reforma al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 9 de octubre de 2025, la facultad para establecer los tipos penales y las sanciones en materia de extorsión quedó reservada al Congreso de la Unión.
Por ello, sostuvo que los congresos estatales ya no cuentan con atribuciones para crear modalidades específicas de este delito, modificar sus elementos o establecer penalidades distintas a las contempladas en la legislación general.
El artículo 474 Ter, incorporado al Código Penal poblano en octubre de 2020 y reformado en marzo de 2024, establece actualmente una pena de dos a cuatro años de prisión y de 200 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quien, mediante un animal de compañía, solicite un beneficio económico o en especie a cambio de su restitución.
Sin embargo, la nueva legislación federal contempla en su artículo 15 una pena de 15 a 25 años de prisión y una multa de 300 a 500 veces el valor diario de la UMA para quien obligue a otra persona, sin derecho, a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, con el propósito de obtener un beneficio o causar un perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico.
Suriano Corrales señaló que mantener vigente el artículo 474 Ter podría generar contradicciones jurídicas, debido a que establece una modalidad de extorsión y una penalidad diferente a las previstas en la legislación federal.
También citó resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionadas con disposiciones penales de Tabasco y Baja California Sur, en las que, de acuerdo con la exposición de motivos, se estableció que la regulación de los tipos penales y las sanciones en materia de extorsión corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión.
La diputada aclaró que la derogación propuesta no significa despenalizar la conducta ni eliminar la protección jurídica de los animales de compañía. Explicó que quienes retengan o se apropien de un animal para exigir dinero o algún beneficio a cambio de devolverlo podrán ser investigados y sancionados conforme al delito de extorsión establecido en la Ley General, siempre que se acrediten sus elementos.
Asimismo, precisó que las autoridades estatales, entre ellas la Fiscalía General del Estado y los tribunales locales, conservarán facultades para investigar y resolver los casos que sean de su competencia, aunque deberán aplicar las disposiciones del ordenamiento federal.
La iniciativa también puntualiza que permanecerá vigente el artículo 474 Bis del Código Penal de Puebla, que sanciona la apropiación de animales de compañía sin el consentimiento de sus propietarios o cuidadores, además de las disposiciones relacionadas con el maltrato, la crueldad y el abandono animal.
El proyecto de decreto plantea derogar expresamente el artículo 474 Ter y establece que la reforma entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, además de dejar sin efecto las disposiciones que se opongan al decreto.
La propuesta fue presentada por la representante legislativa de Movimiento Ciudadano ante la Mesa Directiva del Congreso local, como parte del proceso de armonización del marco jurídico estatal con la nueva legislación nacional en materia de extorsión.