Jorge Barrientos
La diputada local de Movimiento Ciudadano (MC), Fedrha Isabel Suriano Corrales, cuestionó el manejo y los tiempos de actuación de la Auditoría en los procedimientos contra actores políticos, al advertir que la filtración de información y la falta de claridad en sus resoluciones pueden prestarse a especulaciones, generar incertidumbre y afectar la estabilidad política.
En referencia a los señalamientos contra Eduardo Rivera Pérez y otros personajes con aspiraciones políticas, la legisladora consideró preocupante que se difundan versiones sobre posibles sanciones cuando todavía no existen resoluciones firmes ni causas ejecutoriadas.
Suriano Corrales señaló que la Auditoría debe conducirse con mayor responsabilidad, transparencia e imparcialidad, pues no puede permitir que sus procedimientos se conviertan en motivo de especulación pública ni que la información sobre expedientes en trámite sea utilizada para generar incertidumbre sobre el futuro político de determinadas personas.
“No hay todavía una causa ejecutoria, no está firme la sentencia, se encuentra sub judice”, expresó al referirse a la situación jurídica de los asuntos.
La diputada recordó que Eduardo Rivera ya enfrentó anteriormente una sanción similar y recurrió a otras instancias jurisdiccionales, donde finalmente obtuvo una resolución favorable. Por ello, insistió en que antes de emitir juicios públicos deben agotarse todas las instancias legales.
Asimismo, cuestionó que la Auditoría no tenga claridad sobre los tiempos para resolver este tipo de expedientes y consideró que esta falta de certidumbre abre la puerta a suspicacias, particularmente cuando los involucrados son personajes que podrían participar en futuros procesos electorales.
En ese sentido, planteó que la autoridad fiscalizadora debe establecer plazos claros para emitir sus resoluciones y evitar que los procedimientos permanezcan sin definiciones mientras la información sobre posibles sanciones circula públicamente.
Suriano Corrales advirtió que la actuación de la Auditoría no debe prestarse a interpretaciones políticas ni generar la percepción de que los tiempos de sus investigaciones responden a intereses ajenos a la fiscalización.
Finalmente, sostuvo que las autoridades auditoras deben garantizar procedimientos imparciales, transparentes y apegados a derecho, pero también asumir la responsabilidad de resolver oportunamente los expedientes, sin recurrir a filtraciones ni permitir que la falta de información oficial afecte la reputación y los derechos de las personas involucradas.