Delia Soriano
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Puebla llamó a respetar los derechos políticos de quienes busquen participar en los próximos procesos electorales, así como a garantizar que las investigaciones y sanciones contra servidores públicos se desarrollen conforme a la ley, sin presiones ni juicios anticipados.
El presidente del organismo, Juan Pablo Cisneros Madrid, fijó esta postura al ser cuestionado sobre la inhabilitación por 15 años para ocupar cargos públicos y la sanción económica de 15 millones de pesos impuestas al exalcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, luego de que la Auditoría Superior del Estado (ASE) detectara presuntas irregularidades durante su administración.
El líder empresarial evitó emitir una opinión sobre el caso, al considerar que corresponde exclusivamente a los órganos de fiscalización analizar las investigaciones, determinar responsabilidades y establecer las sanciones que procedan.
«Los órganos de fiscalización son los responsables de hacer el análisis de la investigación y, al final, las sanciones, si es que hay lugar», expresó.
Ante los señalamientos del ex edil, quien atribuyó la resolución a motivaciones políticas y electorales, Cisneros Madrid sostuvo que la postura del sector empresarial es respetar los procedimientos institucionales y permitir que las autoridades competentes realicen su trabajo.
Subrayó que, ante la proximidad de un proceso electoral, el CCE mantendrá una participación activa, pero imparcial, con atención al desarrollo del entorno político y a las decisiones de quienes estarán al frente de los gobiernos y de la administración de los recursos públicos.
Asimismo, consideró que no se debe excluir a ninguna persona que tenga derecho a buscar una representación o competir electoralmente, pues corresponde a los ciudadanos y a las reglas democráticas definir quiénes pueden participar.
«Nosotros seremos muy prudentes. Nos interesa participar de manera activa, pero imparcial en los procesos electorales», puntualizó.
Finalmente, Cisneros Madrid insistió en que las investigaciones deben estar sustentadas en criterios técnicos y legales, con transparencia, justicia y respeto al Estado de derecho, al tiempo que pidió garantizar los derechos de los ciudadanos en el escenario político que se avecina.
