Jorge Barrientos
El ex presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, enfrentaría una inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos, así como una sanción económica de 15 millones de pesos, derivado de presuntas irregularidades detectadas en el manejo de los recursos públicos durante su administración al frente del Ayuntamiento de Puebla.
De acuerdo con información que trascendió, la Auditoría Superior del Estado (ASE) habría identificado diversas observaciones en la cuenta pública del ex alcalde, relacionadas con el ejercicio y la comprobación del presupuesto asignado durante su gestión.
Fuentes consultadas señalaron que el organismo fiscalizador prepara la presentación formal de estas observaciones, con el propósito de que el ex funcionario tenga la oportunidad de responder y presentar la documentación necesaria para solventar cada una de las inconsistencias detectadas.
En el mismo contexto, trascendió que la ASE habría determinado imponer una inhabilitación de 10 años y una multa de 10.5 millones de pesos contra Bernardo Arrubarrena García, quien se desempeñó como titular de la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información del Ayuntamiento de Puebla, por presuntas irregularidades durante el ejercicio de sus funciones.
Las posibles sanciones se suman a los señalamientos sobre el manejo financiero de las administraciones municipales de Puebla correspondientes a los ejercicios fiscales 2022 y 2023, en los que, de acuerdo con información de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se identificaron diversas inconsistencias.
Entre las observaciones destacan posibles daños al erario por transferencias de recursos sin justificación suficiente, gastos presuntamente irregulares y contratos de obra pública que no contarían con la documentación necesaria para acreditar el correcto ejercicio de los recursos.
Otro de los asuntos que generó cuestionamientos fue la rehabilitación de la avenida Juárez, obra sobre la que se solicitó una auditoría forense ante las deficiencias reportadas en su ejecución.
Los problemas quedaron expuestos durante la temporada de lluvias, cuando se registró el levantamiento del adoquín y afectaciones por inundaciones, lo que puso en duda la calidad de los trabajos y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
De concretarse las sanciones, Eduardo Rivera Pérez y Bernardo Arrubarrena enfrentarían consecuencias administrativas y económicas de consideración, en un caso que podría derivar en nuevas investigaciones sobre el destino de los recursos públicos ejercidos durante la administración municipal.
Las presuntas sanciones deberán ser notificadas y sustentadas mediante resoluciones oficiales. Ambos ex funcionarios conservan su derecho de audiencia y defensa, así como la posibilidad de presentar pruebas y solventar las observaciones correspondientes.