Jorge Barrientos
El diputado local de Morena, Julio Miguel Huerta Gómez, presentó una iniciativa para reformar la Constitución Política del Estado de Puebla con el objetivo de garantizar la continuidad de los programas sociales e incorporar de manera expresa la obra comunitaria como una obligación constitucional.
La propuesta, fechada el 20 de octubre de 2026 y dirigida a la Mesa Directiva del Congreso local, contempla modificaciones a los artículos 7, 107, 122 y 123 de la Constitución estatal, con el propósito de dar mayor estabilidad jurídica a las políticas públicas orientadas al bienestar, la atención comunitaria y la justicia social.
Entre los principales cambios, Huerta Gómez plantea establecer en el artículo 7 que el Estado garantizará la continuidad de los programas sociales destinados a contribuir al ejercicio efectivo de los derechos humanos.
El legislador argumenta que las necesidades sociales trascienden los periodos de gobierno y que la alternancia política no debe significar la interrupción automática de acciones dirigidas a atender las carencias de la población.
No obstante, la iniciativa aclara que la continuidad no implica mantener invariables los programas, sino permitir que las siguientes administraciones los evalúen, mejoren o sustituyan por mecanismos más eficaces, con base en criterios objetivos y en las necesidades de la ciudadanía.
Obra comunitaria tendría respaldo constitucional
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la modificación del artículo 122, para establecer la obligación del Gobierno estatal de contar con un programa de obra comunitaria destinado a combatir la pobreza y promover la cultura y el deporte.
La disposición propuesta señala que este programa deberá sujetarse a los principios de progresividad, eficiencia, transparencia y responsabilidad hacendaria.
El planteamiento busca dar mayor estabilidad institucional a este tipo de acciones y evitar que su permanencia dependa exclusivamente de la decisión de cada administración estatal.
Como antecedente, el documento refiere que el Programa de Obra Comunitaria “Por Amor a Puebla” fue creado mediante un acuerdo del Ejecutivo estatal publicado el 29 de enero de 2025, con objetivos relacionados con la atención de la pobreza, la marginación, la desigualdad, la vulnerabilidad y el rezago social.
La propuesta también reconoce que las intervenciones comunitarias pueden contribuir a mejorar la infraestructura social, recuperar espacios públicos, fortalecer la convivencia y ampliar las oportunidades de participación ciudadana.
Cambios en la planeación y la justicia social
La iniciativa contempla modificar el artículo 107 para incluir expresamente los programas sociales destinados a la atención comunitaria y al ejercicio efectivo de los derechos humanos dentro del Sistema de Planeación del Desarrollo del estado.
Asimismo, propone reformar el artículo 123 para incorporar las disposiciones relativas a los programas sociales entre las acciones gubernamentales encaminadas al mejoramiento de la población y a la realización de la justicia social.
En la exposición de motivos, el diputado señala que estos ajustes buscan vincular la planeación democrática con las necesidades de las comunidades y fortalecer el marco constitucional de las políticas públicas.
El documento también hace referencia a las reformas federales en materia de bienestar publicadas en diciembre de 2024, aunque distingue que las reglas presupuestarias de la Constitución federal para determinadas transferencias directas no se extienden automáticamente a cualquier programa estatal o modalidad de obra pública.
No contempla una partida adicional automática
En materia presupuestaria, Huerta Gómez sostiene que la reforma no implicaría, por sí misma, una erogación adicional inmediata ni la creación de nuevas dependencias, estructuras burocráticas o transferencias monetarias.
La ejecución de las disposiciones, en caso de aprobarse, tendría que realizarse mediante las estructuras y asignaciones presupuestarias correspondientes, conforme a los recursos aprobados y a las normas aplicables.
El legislador también señala que las autoridades deberán considerar las necesidades sociales, los resultados de las evaluaciones y los principios de responsabilidad hacendaria al determinar la continuidad y operación de los programas.
La iniciativa fue presentada para consideración del Congreso de Puebla y propone que el decreto sea publicado en el Periódico Oficial del Estado. El documento no acredita que las reformas hayan sido aprobadas, por lo que su eventual incorporación a la Constitución dependerá del procedimiento legislativo correspondiente.