Jorge Barrientos
La diputada local por Movimiento Ciudadano (MC), Fedrha Isabel Suriano Corrales, señaló que el uso de herramientas tecnológicas para combatir la delincuencia y evitar la impunidad debe apegarse estrictamente a las disposiciones constitucionales y garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos.
“Siempre y cuando se apeguen estrictamente a las disposiciones constitucionales y a la protección de los derechos humanos. Esa parte debe de ser en un tema de respeto irrestricto completamente”, expresó.
En relación con el aseguramiento de teléfonos celulares y el acceso a la información que contienen, la legisladora aclaró que estas acciones deben sujetarse a los procedimientos legales correspondientes.
“El aseguramiento de un celular, no por sí solo no quiere decir que la extracción o la revisión deba de ser de manera inmediata. Hay un protocolo. Ahí tiene que haber una autorización judicial para hacerlo”, puntualizó.
Suriano Corrales manifestó que está de acuerdo con la implementación de mecanismos de control para garantizar que las autoridades hagan un uso adecuado de estas herramientas tecnológicas, siempre que se respeten los procedimientos establecidos por la ley.
“Exigir ese protocolo de uso, controles de acceso, registros de cada intervención, preservación de la cadena de custodia, auditorías y sanciones por utilización indebida. Todo eso estamos de acuerdo”, sostuvo.
Asimismo, advirtió sobre los riesgos de que este tipo de tecnología se utilice con fines distintos a la investigación de delitos, particularmente para vigilar o intimidar a personas por sus posturas políticas o actividades.
“Obviamente ninguna tecnología avanzada de esta naturaleza debe de servir para vigilar, para amenazar a opositores, activistas o a personas ajenas a investigaciones legalmente iniciadas”, enfatizó.
Finalmente, la diputada reiteró que el respaldo a estas herramientas está condicionado al cumplimiento de las disposiciones constitucionales y a la protección de los derechos fundamentales.
“Entonces, siempre y cuando que se cumplan con los protocolos jurídicos, estaremos de acuerdo. Es un tema de investigación. La propia Constitución lo marca así y obviamente los derechos humanos”, concluyó.