Jorge Barrientos
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla, Pável Gaspar Ramírez, anunció que se reunirá con el auditor superior del estado, Germán Reyna y Herrero, para revisar las observaciones relacionadas con un contrato por 129.7 millones de pesos otorgado a la empresa Comercializadora JVLY S.A. de C.V., durante la gestión de Blanca Yassahara Cruz al frente del Instituto Electoral del Estado (IEE).
En entrevista, el legislador señaló que es necesario dar seguimiento a las auditorías y revisar la documentación correspondiente para conocer el alcance de las observaciones sobre la adquisición de material electoral utilizado durante el proceso electoral de 2024.
Entre los señalamientos relacionados con el contrato se encuentran la presunta falta de documentos legales, propuestas técnicas y un oficio de suficiencia presupuestal, requisitos que deben respaldar los procedimientos de contratación pública.
La empresa también se encuentra bajo revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de acuerdo con los señalamientos relacionados con este caso.
Pável Gaspar afirmó que el Congreso local dará seguimiento a cualquier posible irregularidad y sostuvo que no se permitirá la corrupción. No obstante, precisó que corresponde a las instancias fiscalizadoras revisar la documentación y determinar si existen responsabilidades administrativas o de otra índole.
El legislador también subrayó que las investigaciones deben continuar independientemente de que los funcionarios involucrados dejen sus cargos públicos, pues esa circunstancia no debe impedir el esclarecimiento de posibles faltas.
Asimismo, indicó que el Poder Legislativo respetará los procedimientos y las determinaciones que emitan las autoridades fiscalizadoras una vez concluida la revisión del caso.
Blanca Yassahara Cruz fue señalada por las observaciones relacionadas con el contrato durante su gestión como presidenta del IEE de Puebla. Posteriormente, asumió la presidencia provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), tras la salida de Guadalupe Taddei, de acuerdo con la información proporcionada.
Hasta el momento, los señalamientos sobre la contratación por 129.7 millones de pesos constituyen observaciones sujetas a revisión y no representan, por sí mismos, una determinación definitiva sobre la existencia de responsabilidades administrativas o penales.