Por José Alfredo Ramírez Orduña
Comprender el huachicol fiscal es indispensable para todos. Reconocido como un esquema de defraudación tributaria y contrabando, es un fenómeno que ha logrado afectar directamente la vida cotidiana tal cual la conocemos. Por el impacto que ha generado, su trascendencia no es exclusiva para los especialistas en derecho o economía, ya que el huachicol fiscal no es un hecho aislado, sino una red compleja de corrupción y evasión que ha vulnerado la soberanía fiscal del Estado mexicano y comprometido su seguridad nacional. Pero, ¿qué implica el huachicol fiscal y cómo ha tomado relevancia en los últimos años?
Históricamente, el término huachicol se asociaba al robo de hidrocarburos mediante la ordeña de ductos de PEMEX. Sin embargo, el cierre de ductos y la intervención militar en instalaciones estratégicas desde 2018 redujeron ese margen de operación. Las redes criminales buscaron nuevas vías para delinquir y desde entonces han migrado hacia un esquema más sofisticado, basado en la manipulación documental y la evasión tributaria. Estas actividades han provocado el encarecimiento de servicios públicos, la distorsión del mercado de combustibles, el financiamiento de estructuras criminales, así como los daños ambientales y mecánicos que nos han afectado a todos los mexicanos.
En pocas palabras, el huachicol fiscal consiste en introducir gasolinas, diésel u otros petrolíferos al país omitiendo el pago de contribuciones como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) mediante la alteración de fracciones arancelarias, la simulación de operaciones comerciales o la colusión con agentes aduanales. A diferencia del robo físico, el producto del huachicol fiscal suele tener origen legítimo en refinerías extranjeras, principalmente de Estados Unidos, y entra al país por vías marítima, ferroviaria o terrestre. La ilicitud no radica en la extracción del recurso, sino en la falsificación documental y la evasión tributaria.
Este “negocio” ha adquirido una mayor relevancia debido a la gran cantidad de dinero que circula por sus filas. Entre 2020 y 2024, se estima que ingresaron ilícitamente entre 150,000 y 200,000 barriles diarios, equivalentes de un 20% a un 30% del consumo nacional. El boquete fiscal anual oscila entre 150,000 y 230,000 millones de pesos, cifra comparable al presupuesto de sectores prioritarios como salud o infraestructura. Resulta muy caro no atenderlo debidamente.
Es un problema que ha permeado a lo largo y ancho de México como una verdadera estructura delictiva. Nuevo León funciona como el gran centro operativo y financiero del norte. En Monterrey y su zona metropolitana se ubican bodegas, terminales privadas y despachos contables dedicados a «blanquear» el combustible mediante facturación falsa. Guanajuato y Jalisco son puntos estratégicos para el almacenamiento clandestino y posterior distribución en estaciones de servicio no franquiciadas o independientes, mientras que el Estado de México, Puebla y Querétaro se distinguen por ser zonas de elevado consumo industrial y de transporte de carga, donde el diésel ilegítimo es vendido a flotas de transporte terrestre a precios sensiblemente menores a los del mercado formal.
Abordar el huachicol fiscal no ha resultado sencillo para el Gobierno Federal. Aunque se han endurecido controles volumétricos, reformado el Código Fiscal y entregado el control aduanal a la SEDENA y la SEMAR, el combate integral sigue exigiendo medidas adicionales. Expertos en la materia han sugerido un mayor rigor para el catálogo del combustible importado, la digitalización inalterable de pedimentos, la cooperación internacional en inteligencia financiera, así como una estricta y constante depuración de las cadenas de distribución. Es un delito que ha evolucionado adaptándose a las circunstancias en una forma más dinámica de la que se ha implementado para erradicarlo.
Para nosotros, los ciudadanos de pie, comprenderlo significa reconocer que detrás de un precio aparentemente más bajo en la gasolina puede esconderse un entramado de corrupción que afecta la salud pública, la economía familiar y la seguridad nacional. Es un asunto que involucra demasiado dinero e influencias que, con el recién iniciado Proceso Electoral, resulta indispensable poner una mayor atención en él.
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