Jorge Barrientos
La diputada local de Movimiento Ciudadano, Fedhra Isabel Suriano Corrales, presentó ante el Congreso de Puebla una iniciativa para reformar el artículo 381 del Código Penal del Estado, con el objetivo de establecer sanciones para quienes proporcionen información, colaboración o apoyo para cometer robos contra personas que previamente retiraron dinero de instituciones bancarias o financieras.
La propuesta, denominada “Ley Marca”, busca ampliar el alcance de las sanciones relacionadas con los llamados asaltos a cuentahabientes, al contemplar no sólo a quienes ejecuten directamente el robo, sino también a terceros que proporcionen información o faciliten la comisión del delito.
De acuerdo con la iniciativa, quienes proporcionen información, colaboración o auxilio que haga posible la comisión de un robo contra una persona que haya retirado dinero de una institución bancaria o financiera podrían enfrentar penas de tres a ocho años de prisión, además de una multa de 350 a 400 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Suriano Corrales explicó que este tipo de delitos puede involucrar acciones previas a la ejecución del robo, como la selección de una víctima, la identificación del monto retirado, el seguimiento de la persona y la coordinación para concretar el asalto.
La legisladora señaló que la propuesta pretende establecer de manera expresa la responsabilidad de quienes intervengan indirectamente en estos hechos mediante la entrega de información o cualquier forma de apoyo que contribuya a la comisión del robo.
La iniciativa también plantea atender una problemática que, de acuerdo con la diputada, adquiere particular relevancia durante periodos en los que aumenta la circulación de dinero, como ocurre en diciembre.
Con la modificación al Código Penal estatal, se busca que estas conductas sean consideradas dentro de un supuesto específico y cuenten con sanciones determinadas.
La iniciativa deberá ser analizada por las comisiones correspondientes del Congreso de Puebla y, posteriormente, podría ser sometida a consideración del Pleno para su eventual aprobación antes de que concluya la actual Legislatura.