Jorge Barrientos
El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Marcos Castro Martínez, se pronunció a favor de establecer reglas más claras para evitar que integrantes de una misma familia ocupen de manera simultánea o sucesiva distintos espacios dentro del servicio público, al considerar que se trata de un asunto que debe analizarse más allá de lo estrictamente establecido por la ley.
El legislador panista señaló que, aunque determinadas designaciones puedan encontrarse dentro del marco legal, existe una dimensión ética que debe ser considerada por las autoridades y los partidos políticos, particularmente cuando se trata de personas con vínculos familiares que acceden a cargos públicos.
“Más allá de lo que la ley permite, es un tema de orden ético”, afirmó Castro Martínez, quien calificó como “muy delicado” que una familia pueda mantenerse ocupando distintos espacios dentro del servicio público.
Ante esta situación, adelantó que se impulsará una propuesta legislativa con el objetivo de establecer disposiciones que permitan regular estos casos y, al mismo tiempo, brindar mayor certeza a la ciudadanía.
El diputado también cuestionó el desempeño de las autoridades electorales de cara al proceso electoral de 2027. En particular, hizo un llamado al Instituto Estatal Electoral y al Instituto Nacional Electoral para que revisen posibles casos relacionados con vínculos familiares entre candidatos y servidores públicos.
Castro Martínez aseguró que recientemente se han identificado al menos seis casos de personas vinculadas familiarmente que fueron candidatas por Morena y posteriormente se incorporaron como servidoras públicas. Sin proporcionar durante su declaración los nombres de los casos a los que hizo referencia, sostuvo que este fenómeno debe ser revisado por las autoridades electorales.
En este contexto, cuestionó qué acciones están realizando las instituciones electorales para atender este tipo de situaciones y otros asuntos que, desde su perspectiva, podrían afectar la confianza y legitimidad de los procesos electorales.
Cuestiona sobrerrepresentación y revisión de candidaturas
El legislador panista enumeró tres temas que consideró relevantes rumbo a la elección de 2027.
El primero corresponde al criterio de sobrerrepresentación que, dijo, se permitió después de la elección de 2024 y que, desde su perspectiva, otorgó una representación mayor a determinados partidos sin que ésta correspondiera con la cantidad de votos obtenidos.
Como segundo punto, mencionó la necesidad de fortalecer la revisión de las candidaturas, especialmente ante los señalamientos públicos relacionados con posibles vínculos de algunos aspirantes con el crimen organizado.
El tercer aspecto, dijo, corresponde precisamente a la participación de familiares y personas cercanas dentro de candidaturas, suplencias y posteriormente en cargos públicos.
Castro Martínez consideró que este tipo de prácticas se ha convertido en un asunto recurrente dentro de la llamada Cuarta Transformación y sostuvo que existe inconformidad entre sectores de la ciudadanía cuando observa que familiares o personas cercanas a funcionarios y actores políticos tienen acceso a espacios públicos.
Llama a autoridades electorales a actuar
Ante este panorama, el diputado del PAN hizo un llamado al Instituto Estatal Electoral y al INE para que revisen los casos que han sido señalados y garanticen que los procesos electorales se desarrollen bajo condiciones de certeza y legalidad.
“Están recibiendo un financiamiento como muchos entes públicos y ellos tienen que hacer su trabajo”, expresó.
El legislador advirtió que la actuación de las autoridades electorales será fundamental para preservar la confianza ciudadana de cara a la elección de 2027.
En ese sentido, insistió en que la revisión de candidaturas, la representación de los partidos y los posibles vínculos familiares deben ser atendidos con oportunidad para evitar cuestionamientos posteriores sobre la legitimidad del proceso electoral.
Finalmente, Castro Martínez reiteró que la intención del PAN es impulsar una propuesta legislativa que permita establecer reglas más claras en materia de familiares dentro del servicio público, con el argumento de que la ciudadanía requiere mayor certeza sobre quiénes pueden acceder a cargos y bajo qué condiciones.