Delia Soriano
El fraude y la extorsión se mantienen entre los delitos que más golpean a los habitantes de Puebla, en un escenario donde la entidad registró durante 2025 una tasa de 26 mil 164 víctimas por cada 100 mil habitantes, la tercera más alta del país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 del INEGI.
Aunque la tasa de victimización poblana disminuyó 10.4 por ciento respecto de 2024, cuando alcanzó 29 mil 209 víctimas por cada 100 mil habitantes, el indicador permaneció por encima del promedio nacional de 23 mil 473. Sólo Ciudad de México y Estado de México reportaron tasas superiores.
La magnitud del problema también se refleja en la incidencia delictiva. Puebla contabilizó 41 mil 876 delitos por cada 100 mil habitantes en 2025, una reducción de 5.3 por ciento frente a los 44 mil 203 registrados un año antes, pero todavía muy por encima de la tasa nacional de 34 mil 442 delitos.
Entre los ilícitos con mayor presencia destacan el fraude, la extorsión, el robo o asalto en calle o transporte público, el robo de vehículo y las amenazas, delitos que impactan tanto el patrimonio como la seguridad cotidiana de las familias.
El panorama se agrava por la elevada cifra oculta de delitos. A nivel nacional, 93.4 por ciento de los delitos no se denunció o no derivó en la apertura de una carpeta de investigación, lo que significa que la estadística oficial sólo refleja una parte del fenómeno delictivo.
La falta de denuncia está relacionada, principalmente, con factores atribuibles a las autoridades: 35.8 por ciento de las víctimas señaló pérdida de tiempo y 13 por ciento desconfianza en las instituciones como razones para no acudir ante el Ministerio Público.
La inseguridad también modifica los hábitos de la población. A nivel nacional, 62.8 por ciento de los hogares dejó de permitir que menores salieran solos debido al temor a ser víctimas de un delito, mientras 44.7 por ciento evitó salir de noche.
Los datos muestran así una doble presión para Puebla: aunque los principales indicadores de victimización e incidencia registraron descensos en 2025, la entidad continúa con niveles de delito superiores al promedio nacional y enfrenta un problema adicional de subregistro que dificulta dimensionar plenamente la violencia y los delitos que padecen sus habitantes.
