Ideas en Territorio
Raúl Contreras
Durante varios años el gobierno nos dijo que México tendría un sistema de salud como el de Dinamarca. Después, alguien (AMLO) dijo que ya era mejor que el de ese país, tanto, que los daneses nos envidiaban.
A estas alturas ya sabemos que aquello no ocurrió. Y no hace falta ser especialista en salud pública para darse cuenta. Basta con acompañar a un familiar a un hospital público, intentar conseguir una cita con un especialista o simplemente buscar un medicamento que debería estar disponible y casualmente, nunca llega.
Los siguientes datos ayudan a ver la magnitud del problema que tenemos hoy día.
La OCDE, en su Panorama de la Salud 2025, reporta que México tiene una cama hospitalaria por cada mil habitantes, mientras el promedio de los países de la organización es de 4.2. También estamos por debajo en personal médico: 2.7 médicos y tres enfermeras por cada mil habitantes, contra 3.9 médicos y 9.2 enfermeras en promedio en la OCDE.
Dinamarca está en otra realidad. Ahí toda la población, leyó bien, toda, cuenta con cobertura de un conjunto básico de servicios de salud. México alcanza 78 por ciento. En satisfacción con la disponibilidad de atención médica de calidad, Dinamarca llega a 86 por ciento y México apenas a 56 por ciento.
Y hay una diferencia que explica muchas otras: el dinero. Dinamarca gasta alrededor de 7 mil 071 dólares por habitante en salud; México, 1,588. Mientras Dinamarca destina 9.4 por ciento de su PIB al sector, México destina 5.9 por ciento.
Con esos números, decir que nuestro sistema es mejor que el danés no es una comparación seria, es mera propaganda y politiquería de este gobierno.
El problema es que la propaganda, las mañaneras, el discurso y las falsas promesas, no atiende a los enfermos.
En México hay hospitales donde las camas no alcanzan y los pacientes terminan en los pasillos, esperando sentados o acostados en camillas mientras se desocupa un espacio. Hay personas que pasan meses esperando una consulta con un especialista y otras que esperan todavía más para una cirugía. Y cuando finalmente llega la consulta, puede aparecer el siguiente problema: no hay medicamento, no funciona el equipo que necesitan para un estudio, el hospital no tiene la capacidad para realizarlo o se atravesó una lluvia que inundó el hospital, se cayó el techo o el incluso ha pasado que hasta los elevadores se han caído.
Así es como un problema termina convirtiéndose en otro.
México no solamente tiene un problema de infraestructura. Tiene un problema de funcionamiento, de operación, de monitoreo y de mantenimiento.
Construir hospitales es necesario, pero construirlos no es suficiente. Un hospital necesita médicos, enfermeras, especialistas, camas, medicamentos, equipo, mantenimiento y personal suficiente para que pueda operar todos los días. De qué sirve inaugurar un edificio si después el paciente tiene que esperar meses para ser atendido o terminar pagando por fuera.
Y eso es precisamente lo que está ocurriendo.
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, con información de la ENIGH 2024, encontró que seis de cada diez personas que buscaron atención médica terminaron recurriendo al sector privado o a farmacias. El mismo estudio señala que el gasto de bolsillo en salud llegó en 2024 a un promedio de 6 mil 421 pesos por hogar, 7.9 por ciento más en términos reales que en 2022.
Para una familia de ingresos altos quizá sea un gasto manejable pero para una familia que vive al día, 6 mil pesos pueden significar muchas cosas: una renta, la despensa de varias semanas, gasto para los hijos o dinero que simplemente no estaba contemplado.
Ese es el problema o la situación que a veces se pierde cuando se habla del presupuesto de salud en términos de miles de millones de pesos. El fracaso del sistema no lo paga solamente el gobierno, lo paga directamente el ciudadano de su bolsillo.
Lo paga cuando tiene que comprar el medicamento que el hospital no tiene. Cuando paga una consulta porque no consiguió una cita. Cuando necesita una tomografía y termina haciéndola en un laboratorio particular. Cuando tiene que viajar a otra ciudad porque en la suya no hay especialista. También lo paga cuando tiene que dejar de trabajar para cuidar a un familiar enfermo.
En enfermedades crónicas el problema es todavía más delicado. Una persona con diabetes, hipertensión o cualquier padecimiento que requiera tratamiento permanente no puede simplemente esperar a que el medicamento vuelva a estar disponible. El tratamiento necesita continuidad. Si el paciente no tiene dinero para comprarlo, la falta de abasto deja de ser un problema administrativo y se convierte en un riesgo para su salud. Ha habido casos que algunas personas han mencionado que se toman media pastilla o un día sí y un día no para estirar su tratamiento, otras, definitivamente lo cancelan y arriesgan su salud.
Los medicamentos representan, de acuerdo con el CIEP, 38.3 por ciento del gasto de bolsillo en salud de los hogares. En los hogares de menores ingresos la proporción se acerca a la mitad.
Eso debería preocuparnos mucho más de lo que preocupa.
También debería preocuparnos la vacunación infantil. UNICEF ha documentado que México recuperó parte de la cobertura de vacunación, pero todavía está lejos de los niveles que tenía hace una década. En 2015 la cobertura reportada era de 96.7 por ciento; en 2023 fue de 86.6 por ciento.
Una década de retroceso en vacunación no es un dato menor. Las vacunas no son un gasto que pueda aplazarse indefinidamente y tampoco deberían convertirse en una reacción cuando aparece un brote. Prevenir siempre será más barato que atender las consecuencias, ya nos pasó que surgió un brote de sarampión y el gobierno ya no sabía cómo pararlo.
Todo esto lleva a una discusión que el gobierno debería asumir con seriedad: sí, México necesita más recursos para salud, pero también necesita saber qué está haciendo con los recursos que ya tiene.
La Auditoría Superior de la Federación ha encontrado irregularidades y problemas de comprobación en distintos proyectos de infraestructura hospitalaria. Eso no significa que todo peso observado por la ASF sea dinero robado, pero sí que hay razones suficientes para exigir transparencia y rendición de cuentas.
No basta con decir cuánto costó un hospital. Hay que saber cuánto costó construirlo, cuánto se pagó por el equipamiento, qué empresas recibieron los contratos, cuánto cambió el presupuesto original y por qué, porque cada peso que se paga de más en una obra es un peso que deja de estar disponible para otra necesidad.
Hoy, quizá la parte que menos se discute es que México probablemente sí necesita aumentar el gasto en salud porque la comparación con Dinamarca y con el promedio de la OCDE deja claro que estamos muy lejos del gasto que ellos hacen.
Pero aumentar el presupuesto no es el problema de fondo.
Si mañana se duplicara el presupuesto seguramente seguiríamos teniendo hospitales sin médicos, medicamentos que no llegan, equipos sin mantenimiento y compras deficientes, el problema continuaría.
Lo que realmente necesitamos es un sistema que funcione.
Que tenga suficientes médicos y especialistas y que estén donde se necesitan. Que las camas correspondan a la población que debe atender cada hospital. Que los equipos tengan mantenimiento. Que los medicamentos se compren y, sobre todo, que lleguen a las clínicas. Que las vacunas estén disponibles antes de que aparezcan los brotes. Que las obras públicas tengan controles que permitan saber dónde está cada peso.
Y que todo eso tenga indicadores de medición que nos expliquen y nos guíen para un mejor funcionamiento de ese sistema.
Porque durante demasiado tiempo hemos medido la política de salud por anuncios: cuántos hospitales se construyeron, cuánto dinero se destinó, cuántas consultas se prometieron.
La medida debería ser otra.
¿Cuánto tarda un mexicano en conseguir una consulta? ¿Cuánto tarda una cirugía? ¿Cuántas veces tiene que regresar a una clínica porque no hay medicamento? ¿Cuánto termina pagando de su bolsillo?
No hace falta decir que México tiene que convertirse en Dinamarca. México tiene sus propios problemas y sus propias necesidades.
Lo que sí necesitamos es dejar de presumir un sistema que en la práctica obliga a millones de mexicanos a resolver por su cuenta aquello que el Estado debería garantizar y que debería hacerse cargo.
Al final la salud se ha convertido en una especie de doble cobro. El mexicano paga impuestos para tener servicios públicos y, cuando esos servicios no funcionan, vuelve a pagar con su dinero en algún hospital privado, clínica o farmacia.
Y para quien tiene recursos puede ser una molestia, pero para quien no los tiene puede ser la diferencia entre atenderse o no atenderse. Esa es la verdadera discusión sobre la salud en México. No en si un gobierno de uno u otro partido construyó más hospitales, ni en quién pronunció la frase más espectacular sobre Dinamarca.
Está en algo mucho más sencillo: qué pasa con una familia mexicana el día que uno de sus integrantes se enferma, ¿el diagrama de flujo que debe funcionar en el sistema de salud de México está funcionando o se rompe?
Si tiene que esperar meses, comprar los medicamentos, pagar los estudios y buscar atención privada porque el sistema público no pudo responder, entonces algo está fallando.
Y ese fracaso tiene un precio.
Lo estamos pagando todos los días todos los mexicanos.