Un conflicto por la posesión de un inmueble en Acatzingo mantiene en disputa a una mujer de 94 años y a sus arrendatarios, quienes, de acuerdo con la parte propietaria, se han negado a entregar el predio pese a que el contrato de arrendamiento habría concluido desde 2023.
La controversia involucra a Marco Antonio Coleote Jiménez y María Irene Jiménez, quienes ocupan el inmueble, mientras que la propiedad es representada legalmente por José Luis Zayas Ledo, en nombre de Juana Sánchez González, adulta mayor de 94 años.
De acuerdo con la parte propietaria, el contrato de arrendamiento fue celebrado ante notario público y su vigencia concluyó en 2023. A partir de entonces, se inició un procedimiento judicial para solicitar la desocupación y restitución del inmueble.
Sin embargo, el conflicto se ha prolongado debido a la presentación de nuevos recursos y demandas por parte de quienes ocupan el predio. Entre ellos se encuentra una demanda en la que se reclama el cumplimiento de un supuesto contrato verbal de arrendamiento por un periodo de 10 años.
Posteriormente, Rosario Iturbide Gómez, esposa de Marco Antonio Coleote Jiménez, promovió otro procedimiento en el que reclamó el cumplimiento de un presunto contrato verbal, ahora por cinco años. También interpuso un juicio de amparo que, según la información proporcionada por la parte propietaria, fue sobreseído por la autoridad federal.
Para los representantes de Sánchez González, la sucesión de procedimientos representa una estrategia para prolongar la permanencia de los ocupantes y evitar la restitución del inmueble, por lo que cuestionan que una mujer de 94 años tenga que enfrentar un proceso judicial prolongado para recuperar un bien de su propiedad.
El caso adquiere además una dimensión política debido a que Germán Coleote Jiménez, hermano de Marco Antonio Coleote Jiménez, es actualmente presidente municipal de Acatzingo. La parte denunciante sostiene que esta relación familiar genera preocupación por un posible uso indebido de influencias, aunque cualquier responsabilidad en ese sentido deberá ser determinada por las autoridades competentes y con base en pruebas.
La controversia también alcanza al Juzgado de Tepeaca, donde se tramitan los procedimientos relacionados con el inmueble. Los representantes de la propietaria cuestionan el tiempo que ha tomado la resolución del conflicto y solicitan que las instancias judiciales superiores revisen el desarrollo del expediente para determinar si existen irregularidades.
El punto central del litigio es la restitución del inmueble a Juana Sánchez González, quien, a sus 94 años, continúa enfrentando un proceso para recuperar la posesión de un predio cuya propiedad no está siendo presentada en esta denuncia como materia de controversia, sino la permanencia de los ocupantes y la existencia y efectos de los contratos que éstos alegan.
La parte propietaria exige que el procedimiento judicial se conduzca con estricto apego a derecho y que se evite que la utilización sucesiva de recursos legales se convierta en un mecanismo para prolongar indefinidamente la ocupación del inmueble.
Mientras el conflicto permanece en tribunales, la disputa ha generado cuestionamientos sobre la protección efectiva de los derechos patrimoniales de las personas adultas mayores y sobre la necesidad de que las autoridades judiciales resuelvan el expediente conforme a las pruebas y determinaciones que obren legalmente en el proceso.