Jorge Barrientos
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Puebla analizará este jueves 3 de septiembre la situación que prevalece en el Ayuntamiento de Acatlán, luego de recibir diversos escritos y documentos promovidos por integrantes del Cabildo y autoridades estatales.
De acuerdo con el orden del día de la sesión, las diputadas y diputados de la comisión someterán a discusión y, en su caso, aprobación un proyecto de acuerdo mediante el cual se tendrá por presentadas las solicitudes, escritos y documentos formulados por siete regidurías y el Síndico Municipal de Acatlán, relacionados con la situación actual del gobierno municipal.
El expediente también contempla la presentación y ratificación de un escrito promovido por Ciro Gavilán Domínguez, en su carácter de titular de la Dirección de Delegaciones de Gobierno de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla.
Como parte del procedimiento legislativo, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales plantea integrar formalmente toda la documentación y las pruebas presentadas en un expediente identificado con el número CGPC/HCE/001/2026.
Además, el proyecto de acuerdo contempla facultar a la presidencia de la comisión para realizar las gestiones, investigaciones y solicitudes de información que considere necesarias, con el objetivo de contar con mayores elementos para analizar la situación del municipio y determinar las acciones que correspondan conforme al marco legal.
El procedimiento ocurre en medio de señalamientos y diferencias al interior del Ayuntamiento de Acatlán, por lo que el Congreso estatal buscará reunir información oficial antes de adoptar una determinación.
La sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales está programada para este jueves 3 de septiembre de 2026. Entre los puntos a tratar también se encuentran la aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el 23 de julio, y el apartado de asuntos generales.
Hasta el momento, el documento legislativo establece la integración y radicación del expediente, por lo que cualquier eventual determinación sobre responsabilidades administrativas, políticas o respecto de la permanencia de funcionarios deberá derivarse del análisis de las pruebas y de las diligencias que realice la comisión.