Como resultado de la coordinación institucional y la suma de esfuerzos entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el presidente del Consejo de la Judicatura, Pedro Antonio Martínez Hernández, y el gobernador Alejandro Armenta realizaron un recorrido de supervisión por los avances en la construcción de la Casa de Justicia de Acatzingo.
Esta obra responde a una de las principales demandas de la ciudadanía: contar con una justicia más cercana a las personas, mediante espacios e infraestructura que permitan acercar los servicios judiciales a las regiones del estado.
La construcción de la Casa de Justicia surge a partir de la creación del Distrito Judicial de Acatzingo, propuesta impulsada por el gobernador Alejandro Armenta y aprobada posteriormente por el Congreso del Estado. Hoy, la coordinación y el trabajo conjunto entre las instituciones permiten avanzar en la consolidación de este proyecto, que fortalecerá el acceso a la justicia para las y los poblanos.
Una vez concluida y equipada, la nueva Casa de Justicia beneficiará a habitantes de 11 municipios de la región, quienes ya no tendrán que trasladarse hasta Tepeaca, Tecamachalco o Puebla para el desahogo de sus procedimientos judiciales.
La sede contará con Juzgados de Oralidad Civil y Familiar, Juzgados de lo Civil y Penal, Tribunal de Enjuiciamiento, Instituto Especializado de la Defensoría Pública y Centro de Justicia Alternativa. Asimismo, en una segunda etapa se contempla la incorporación de un Centro de Convivencia Familiar.
Esta nueva infraestructura también permitirá fortalecer la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuyo modelo privilegia la oralidad y requiere condiciones adecuadas para el desarrollo de audiencias y procedimientos.
Durante el recorrido, el presidente del Consejo de la Judicatura y el gobernador del Estado constataron el avance de la obra, que se encuentra en una etapa avanzada de construcción y continuará con el proceso de equipamiento para su próxima puesta en operación.
La Casa de Justicia de Acatzingo refleja cómo la coordinación institucional, la suma de voluntades y el trabajo conjunto entre los Poderes del Estado pueden traducirse en acciones concretas para atender las necesidades de la población y avanzar hacia una justicia más accesible, cercana y eficiente.