Jorge Barrientos
Pável Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla, advirtió que la denominada “Ley Salvatori” podría ser inconstitucional y violatoria de derechos, al pretender establecer un candado profesional para que únicamente abogados o personas expertas en Derecho puedan aspirar a una diputación.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Pável Gaspar Ramírez, señaló que todas las iniciativas ciudadanas serán recibidas y escuchadas, por lo que será necesario conocer a detalle el planteamiento antes de emitir una determinación sobre su viabilidad.
El legislador reconoció que hasta el momento no cuenta con información puntual sobre la propuesta impulsada por un grupo de abogados que busca modificar la legislación electoral para establecer candados a quienes pretendan competir por una curul en el Poder Legislativo.
No obstante, desde su perspectiva personal, consideró que la propuesta sería violatoria de la ley porque convertiría la profesión en una especie de filtro para acceder a una curul, dejando fuera a ciudadanos que, aun sin ser abogados, tienen derecho a competir por un cargo de elección popular.
“Bienvenidas todas las propuestas ciudadanas y, una vez que la tengamos y recibamos, la vamos a mandar a estudio jurídico. Hablando en temas jurídicos, sí, es inconstitucional, pero nosotros no podemos decirle a nadie que no; hay que recibirlos y escucharlos a todos y a todas”, expresó.
Gaspar Ramírez consideró prudente no adelantar una postura definitiva hasta conocer formalmente el contenido de la iniciativa, por lo que será después de su presentación cuando se determine el procedimiento para su análisis en las comisiones correspondientes.
La propuesta, conocida públicamente como “Ley Salvatori”, plantea que solamente abogados o expertos en Derecho puedan ser candidatos a diputados, bajo el argumento de que el Congreso requiere legisladores mejor preparados.
El presidente del Congreso poblano insistió en que será necesario realizar un análisis jurídico antes de determinar si la iniciativa puede avanzar, ya que corresponde a las comisiones legislativas revisar su constitucionalidad, alcances y posibles implicaciones en materia de derechos político-electorales.