Jorge Barrientos
La diputada Leonela Martínez Ayala presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado de Puebla para establecer medidas que eviten la criminalización de personas víctimas de trata que sean obligadas a cometer algún delito mientras permanecen sometidas, controladas o explotadas por un tercero.
La propuesta busca reconocer que las víctimas de trata pueden ser utilizadas por sus explotadores para realizar actividades ilícitas bajo amenazas, violencia, coacción, engaños o cualquier otra forma de sometimiento, por lo que plantea que estas circunstancias sean consideradas por las autoridades antes de iniciar o determinar responsabilidades penales en su contra.
Martínez Ayala señaló que una persona que se encuentra bajo el control de un tratante puede ser obligada a participar en hechos delictivos sin que exista una decisión libre y voluntaria de cometerlos. Por ello, consideró necesario fortalecer el marco jurídico para garantizar que las víctimas reciban protección y atención, en lugar de ser tratadas automáticamente como responsables de los delitos que fueron forzadas a realizar.
La iniciativa parte de la necesidad de diferenciar entre quienes cometen un delito por voluntad propia y aquellas personas que son utilizadas por redes de trata como consecuencia directa de su situación de vulnerabilidad y sometimiento.
De acuerdo con el planteamiento, las autoridades deberán valorar las condiciones en las que ocurrieron los hechos, particularmente cuando existan elementos que permitan acreditar que la persona actuó bajo amenazas, violencia, intimidación, explotación o coerción por parte de un tercero.
La legisladora destacó que la trata de personas constituye una de las formas más graves de explotación y vulneración de los derechos humanos, debido a que las víctimas pueden permanecer sometidas durante periodos prolongados y ser obligadas a realizar distintas actividades en beneficio de sus explotadores.
Con esta propuesta se busca avanzar hacia un enfoque de protección integral de las víctimas, así como evitar que el sistema de justicia termine revictimizándolas al imponerles consecuencias penales por conductas realizadas mientras se encontraban bajo el control de los responsables de la explotación.
La iniciativa deberá ser analizada por las comisiones correspondientes del Congreso local, donde se determinará su viabilidad jurídica y, en su caso, las modificaciones necesarias para avanzar en su discusión y eventual aprobación.
El planteamiento de Leonela Martínez Ayala abre así el debate sobre la necesidad de fortalecer la legislación estatal para garantizar que las víctimas de trata puedan acceder a justicia, protección y reparación del daño, sin que su condición de personas sometidas sea ignorada al momento de determinar una posible responsabilidad penal.