Jorge Barrientos
El diputado local y presidente de la Comisión de Transporte del Congreso de Puebla, Elpidio Díaz Escobar, advirtió que alrededor del 80 por ciento de los presidentes municipales tendría una empresa constructora y podría beneficiarse de la adjudicación de obra pública, por lo que consideró urgente reformar la legislación para evitar posibles conflictos de interés.
El legislador señaló que los alcaldes deben concentrarse en las responsabilidades propias de sus cargos y evitar desempeñar actividades empresariales que puedan generar ventajas indebidas frente a otros proveedores y contratistas.
Díaz Escobar afirmó que existe un número importante de presidentes municipales que, además de ejercer funciones de gobierno, cuentan con constructoras, maquinaria, camiones y otros equipos que podrían ser utilizados para participar en proyectos de infraestructura financiados con recursos públicos de los ayuntamientos.
“La mayoría de los presidentes municipales es presidente municipal y es constructor y hacen todo, tiene maquinaria y la demás gente que tiene camiones y maquinaria en los municipios no trabaja. He tenido altercados con varios presidentes y les he dicho que si son presidentes o constructores y que se decidan, no se los vamos a permitir”.
El presidente de la Comisión de Transporte consideró que esta situación representa una competencia desleal para las empresas constructoras que buscan participar en los procesos de contratación de manera legal, además de afectar la generación de empleos y el desarrollo económico en los municipios.
Sostuvo que los recursos destinados a obra pública deben ejercerse bajo principios de transparencia, legalidad y competencia, y que quienes ocupan cargos de elección popular no deben encontrarse en condiciones que les permitan beneficiarse directamente de contratos derivados de las administraciones que encabezan.
Buscan poner freno a los “alcaldes constructores”
Díaz Escobar calificó como una práctica que debe ser revisada por las autoridades competentes y planteó la necesidad de fortalecer las disposiciones legales para prevenir posibles conflictos de interés en la contratación de obra pública municipal.
Ante este escenario, adelantó que en las próximas semanas presentará ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la legislación vigente, con la intención de establecer mayores restricciones para impedir que los presidentes municipales puedan participar, de manera directa o indirecta, en negocios relacionados con la construcción y la obra pública de los ayuntamientos que gobiernan.
El legislador insistió en la necesidad de establecer reglas claras que permitan garantizar que las obras sean asignadas mediante procedimientos transparentes y bajo condiciones de competencia para todas las empresas que cumplan con los requisitos establecidos.
Propuesta deberá ser analizada por el Congreso
La iniciativa anunciada por Díaz Escobar deberá ser presentada formalmente ante el Poder Legislativo y posteriormente tendrá que ser turnada a las comisiones correspondientes para su análisis, discusión y, en su caso, dictaminación.
El planteamiento abre el debate sobre los mecanismos de prevención de conflictos de interés en los gobiernos municipales y sobre la necesidad de reforzar la vigilancia en el manejo de los recursos públicos destinados a infraestructura.
De concretarse la reforma, el objetivo sería establecer mayores candados para evitar que los funcionarios municipales puedan beneficiarse de contratos de obra pública durante el ejercicio de sus cargos, así como garantizar que los recursos públicos sean destinados a proyectos que respondan a las necesidades de la población.
Mientras tanto, el señalamiento del diputado coloca nuevamente bajo la lupa la relación entre los gobiernos municipales y las empresas constructoras, particularmente en aquellos casos en los que existan posibles vínculos entre funcionarios y proveedores que participen en proyectos financiados con recursos públicos.