Acusan a presidenta de la colonia Constitución Mexicana de presunto despojo y venta irregular de viviendas

Habitantes de la colonia Constitución Mexicana, al sur de la ciudad de Puebla, denunciaron un presunto esquema de despojo y fraude inmobiliario que, aseguran, opera desde 2025 y en el que señalan como principal responsable a Verónica Martínez, presidenta de la mesa directiva de la colonia.

De acuerdo con los testimonios de dos propietarios afectados, la mujer presuntamente identifica viviendas y terrenos que permanecen desocupados por largos periodos, investiga con vecinos la situación de los inmuebles y posteriormente ingresa a ellos cambiando las chapas para tomar posesión.

Los denunciantes afirman que, una vez ocupados los predios, Verónica Martínez ofrece las propiedades a terceros asegurando ser la propietaria, aunque, según los afectados, no presenta escrituras ni documentos oficiales que acrediten la legal posesión de los inmuebles.

Asimismo, sostienen que las operaciones se concretan mediante minutas o documentos que presuntamente carecen de validez jurídica, con los cuales recibe pagos por la venta de terrenos y viviendas.

Los dos casos documentados por los denunciantes ocurrieron en la calle Artículo 9 de la colonia Constitución Mexicana, donde vecinos alertaron a los propietarios legítimos sobre la presunta invasión de sus predios, lo que permitió evitar que las propiedades fueran ocupadas de manera definitiva.

Los afectados también señalaron que la presidenta de la colonia presuntamente opera con el apoyo de un grupo de personas identificado por habitantes de la zona como «Los Soto», quienes supuestamente participan en las ocupaciones de los inmuebles.

Además, aseguraron que desde que asumió la presidencia de la mesa directiva en 2025, Verónica Martínez habría utilizado su posición para generar confianza entre posibles compradores y, presuntamente, protegerse gracias a supuestos vínculos con autoridades estatales y federales.

Los denunciantes hicieron un llamado a la Fiscalía General del Estado (FGE) para investigar los hechos, deslindar responsabilidades y brindar certeza jurídica a los propietarios afectados, ante el temor de que existan más víctimas de este presunto esquema.

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