Delia Soriano
El rector de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), Emilio José Baños Ardavín, pidió al Congreso del Estado abrir un análisis amplio y sustentado sobre la iniciativa conocida como «Ley de Infancias Trans», al considerar que una reforma de este alcance debe construirse con la participación de especialistas, familias y la sociedad antes de ser aprobada.
En rueda de prensa, el académico señaló que la discusión debe contemplar aspectos como la participación ciudadana, el papel de los padres de familia en la formación de sus hijas e hijos, así como la edad y el grado de madurez de las personas menores de edad para tomar decisiones de esta naturaleza.
Baños Ardavín sostuvo que la propuesta, que plantea permitir a menores de edad modificar el sexo asentado en su acta de nacimiento y otros documentos oficiales con base en su identidad de género, requiere un análisis jurídico, social y científico que permita dimensionar sus alcances e implicaciones.
«Es necesario un análisis a profundidad de las consecuencias, escuchar a los actores sociales y buscar otros mecanismos para atender esta situación. Desde nuestra perspectiva, esta iniciativa no es la vía adecuada, ya que podría poner en riesgo el desarrollo sano de la niñez», expresó.
El rector indicó que, de acuerdo con los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes de legislar sobre un tema de esta naturaleza debe privilegiarse un proceso de deliberación amplio y fundamentado, que considere todos los argumentos y garantice el interés superior de la niñez.
Asimismo, afirmó que, desde su perspectiva, tanto la evidencia científica como diversos estudios apuntan a que durante la infancia no existe la madurez suficiente para dimensionar las consecuencias de una decisión de esta magnitud, por lo que consideró indispensable reconocer el papel de los padres de familia en el acompañamiento y formación de sus hijos.
En ese sentido, subrayó que las familias deben participar activamente en la educación y orientación de los menores, respetando el ámbito de conciencia y privacidad de cada hogar, siempre privilegiando el derecho de niñas, niños y adolescentes a un desarrollo integral.
Finalmente, insistió en que el debate sobre esta iniciativa debe desarrollarse con responsabilidad, apertura y sustento técnico, tomando en cuenta las distintas posturas y la evidencia disponible antes de que el Congreso tome una determinación.