Delia Soriano
La presunta operación de un grupo de personas que se hacen pasar por funcionarios del Ayuntamiento de Puebla encendió las alertas entre comerciantes de la junta auxiliar de Santa María Xonacatepec, luego de que varios propietarios denunciaron visitas intimidatorias en las que les exigían hasta 15 mil pesos para evitar supuestas clausuras.
De acuerdo con los testimonios recabados, los individuos aseguraban pertenecer a la Dirección de Normatividad Ambiental e Imagen y a la Dirección de Gestión de Riesgos en Materia de Protección Civil, dependencias desde las cuales realizaban revisiones relacionadas con permisos de funcionamiento, uso de suelo y medidas de protección civil.
Los afectados señalaron que las visitas levantaron sospechas debido a que no existía información previa sobre algún operativo oficial en la zona. Aunque los presuntos inspectores portaban chalecos y mostraban credenciales aparentemente expedidas por el Ayuntamiento de Puebla, se trasladaban en vehículos particulares y no contaban con unidades oficiales ni otros elementos que permitieran acreditar plenamente su identidad.
Según las denuncias, durante las inspecciones advertían a los propietarios que sus establecimientos presentaban irregularidades administrativas y que podrían ser clausurados de manera inmediata. Posteriormente, ofrecían evitar las sanciones a cambio de pagos que alcanzaban los 15 mil pesos, situación que los comerciantes consideran un presunto acto de extorsión.
Ante estos hechos, locatarios solicitaron al gobierno municipal informar de manera oficial si existe algún operativo de inspección en Santa María Xonacatepec y, en caso contrario, iniciar una investigación para determinar si se trata de falsos funcionarios que utilizan la imagen institucional para cometer fraudes y cobros ilegales.
Las denuncias surgen en un contexto de creciente inconformidad entre empresarios y comerciantes de la capital poblana por la forma en que se realizan las verificaciones a establecimientos.
Recientemente, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Puebla, José Juan Sánchez Martínez, denunció que durante algunas inspecciones oficiales presuntamente se solicitaron «mordidas» de entre 3 mil y 14 mil pesos para evitar clausuras o sanciones administrativas.
A estas acusaciones se sumó la Asociación Poblana de Restaurantes y Prestadores de Servicios (APRESAC), que denunció hostigamiento por parte de autoridades municipales y estatales. De acuerdo con el organismo, estas prácticas habrían derivado en el cierre de al menos 35 establecimientos, al asegurar que varios negocios fueron clausurados sin notificaciones previas ni opciones para regularizar su situación.
Hasta el cierre de esta edición, el Ayuntamiento de Puebla no había emitido un posicionamiento oficial respecto a las denuncias registradas en Santa María Xonacatepec.
Los comerciantes hicieron un llamado a las autoridades para reforzar los mecanismos de identificación del personal de inspección y exhortaron a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de cobro irregular o visita sospechosa que se presente bajo el argumento de una revisión oficial.
