¿Quién no se ha preguntado sobre los posibles vínculos que existen entre el crimen organizado y el actual Gobierno Federal? Desde que inició el sexenio se han tolerado actos violentos que caen en el terrorismo.
El último evento del que fuimos testigos todos los mexicanos son los narco-bloqueos que ocurrieron en diversos puntos de Sinaloa con motivo de la detención de Ovidio Guzmán, el mes pasado.
En febrero de 2022 se descubrieron en algunas comunidades de Michoacán minas antipersona, puestas por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que habría causado terror entre la población.
En diciembre de 2021 en el estado de Zacatecas hubo balaceras, enfrentamientos e incendios en viviendas en diversos puntos por causa de una disputa entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa (CDS).
Mientras que, en junio de 2020, en el estado de Guerrero, más de 300 personas huyeron de las comunidades de Iyotla y Tepozonalco porque los grupos del crimen organizado quemaron sus viviendas y algunos vehículos. En ese mismo año, el presidente de México saludó a la mamá de uno de los narcotraficantes presos en Estados Unidos, “El Chapo” Guzmán, Consuelo Loera, durante una gira a Sinaloa.
Todos estos eventos promueven una reflexión de la cercanía que tendría el gobierno actual con los grupos delictivos, ya que lograr la paz ha sido posible cuando existe voluntad política y estrategia.
Lo anterior después de conocer la experiencia de estados como Coahuila, en donde el gobierno del entonces gobernador del PRI, Rubén Moreira Valdez, hoy diputado federal, aplicó mecanismos para terminar con la inseguridad de su estado.
Durante la presentación del libro “Jaque mate al crimen organizado”, de su autoría y de Rubén Aguilar Valenzuela, se destacó la fuerza del Estado para combatir a los grupos delincuenciales, siendo la paz el bien más importante.
Durante ese sexenio se retiró el financiamiento del crimen organizado a través de la desarticulación de pequeños negocios en casinos o tiendas de conveniencia con las famosas “maquinitas”, se prohibieron los narcocorridos en la radio e incluso se acabaron los sitios de culto a ídolos narcos.
Por ello, ante esta realidad, en la que es posible usar la fuerza del Estado para terminar con el narcotráfico, surge cada vez con más fuerza la posibilidad de que existan vínculos inmorales de la actual administración Federal con quienes han provocado la muerte violenta de alrededor de 150 mil mexicanos en este sexenio, la cifra más alta de los últimos años, o en el peor de los casos, que el Gobierno de México ha perdido el control.