El caso de Roxana Ruíz ha causado mucha indignación en México, pues se trata de una mujer oaxaqueña indígena, de tan solo 22 años, que sufrió una horrible y traumática experiencia que casi termina en su muerte.
Roxana hizo uso de la legítima defensa, y cuando creyó haber salvaguardado su vida, no se imaginaba que la pesadilla aún no había terminado, pues fue acusada de homicidio, sin que se hubiera contemplado el contexto de la agresión, motivo por el cual fue encarcelada.
El pasado 15 de mayo, después de dos años del ataque del que fue víctima, el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl determinó que era culpable de “uso excesivo de legítima defensa” y fue condenada a seis años con dos meses de prisión por asesinar al hombre que la violó y amenazó con asesinarla en su casa de Nezahualcóyotl, además debería pagar una multa por daños materiales y morales de 285 mil pesos a los familiares del violador. Todo ello, ocurriendo en el estado donde se cometen más feminicidios en el país.
No obstante, la Fiscalía General del Estado de México terminó desistiendo de la acción penal en su contra, aunque deja todavía una posibilidad de continuar con el proceso si la familia del violador e intento de feminicida apelan la decisión.
Memorias de regeneración:
Situaciones como estas me conducen a poner soluciones reales, y consciente de la violencia actual que viven las mujeres en México. Así como el caso de Roxana, el pasado febrero, presenté la Ley Alina en Puebla para proteger a las mujeres que actúen en legítima defensa. Propuse una iniciativa de reforma al Código Penal Estatal a fin de establecer un marco legal que proteja a las mujeres que actúen en legítima defensa al ser víctimas de violencia y se evite que vayan a la cárcel.
Este planteamiento pretende establecer una excepción al exceso de la legítima defensa, anteponiendo siempre la perspectiva de género, para que, en los casos de violencia feminicida o cualquier tipo de agresión física o sexual, en donde la víctima se defienda actuando bajo el miedo, terror o confusión, y con ello acabe con la vida del perpetrador, ello no sea considerado como homicidio, sobre todo si ya se contaba con antecedentes de violencia.
En México contamos con un Gobierno que no sólo reconoce la violencia de género, sino que pretende seguir trabajando y legislando en favor de la mujer. Fueron muchos los sexenios en donde se desmantelaron los derechos conseguidos por la lucha de movimientos feministas, pero hoy con Morena se trabaja día con día para acabar esta gran problemática que sigue presente en nuestra sociedad.
Nuestro movimiento regeneracional, siempre ha estado a favor de proteger los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres, y como muestra de ello, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, consciente de la injusticia relatada anteriormente, reveló durante su habitual conferencia mañanera, que, de ser necesario, su administración buscaría conceder el indulto presidencial al caso de Roxana.
Lamentablemente no muchas víctimas de violación sexual sobreviven al ataque, y mucho menos, reciben justicia al terminar con la vida del agresor en legítima defensa, como Laura N, quien, a pesar de ya haber cumplido con la mitad de la pena injustamente sancionada, todavía no puede salir de prisión porque aún debe pagar una reparación del daño a la familia del violador, proxeneta y con actitudes feminicidas.
¿La justicia es de facto, violencia institucional?
¿Acaso la vida de una mujer vale menos? Desafortunadamente ni Laura ni Roxana tenían el manual que exige la justicia sobre cómo actuar ante una violación.
Porque en la mesa nadie aclara qué pasará con Laura por los diez años en que fue privada de la libertad, mismos que su mamá duramente pudo sobrevivir, y en los que su hija se quedó sin el amor, guía y protección de una madre. Esos daños parecen ser incómodos y hasta colaterales, una reparación de daño inexistente.