Jorge Barrientos
Con 34 votos a favor, seis en contra y una abstención, el Congreso del Estado de Puebla aprobó la contrarreforma a la ley de ciberasedio, la cual excluye de ser denunciadas las críticas hacia funcionarios públicos.
La iniciativa fue presentada este 10 de julio por la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), con el objetivo de reformar el artículo 480 del Código Penal.
Durante la discusión en el Pleno, la diputada del PRI, Delfina Pozos, criticó la reforma al considerar que no resuelve de fondo la problemática del ciberasedio. Además, acusó a Movimiento Ciudadano de respaldar a Morena y sus aliados al abstenerse de votar.
Por su parte, la diputada de MC, Fedrha Suriano, defendió la nueva propuesta señalando que representa un avance, aunque anunció su voto en abstención al considerar que la redacción es ambigua y podría dejarse a interpretación de los jueces.
La legisladora panista, Susana Riestra, también cuestionó la reforma al advertir que no garantiza plenamente la libertad de expresión y pidió excluir la denuncia pública entre particulares, ya que podría afectar a víctimas que exhiben en redes sociales a sus agresores.
En defensa de la reforma, la presidenta del Congreso, Laura Artemisa García Chávez, aseguró que el nuevo dictamen es resultado de los foros y propuestas legislativas, y busca evitar interpretaciones erróneas de la ley, garantizando la libertad de expresión en Puebla.
Finalmente, la contrarreforma fue avalada por la mayoría de los legisladores.
¿Qué establece la reforma al ciberasedio?
— Se considera ciberasedio a quien de manera reiterada o sistemática vigile, hostigue, intimide u ofenda a otra persona, afectando su vida cotidiana o privacidad.
— Las autoridades deberán analizar el contexto de las publicaciones.
— Las agresiones contra menores se investigarán de oficio.
— La pena mínima baja de 11 a 6 meses de prisión.
— Se excluyen las críticas dirigidas a un interés público o a servidores públicos.
¿Por qué se hizo la reforma?
La modificación se realizó luego de las críticas a la ley original, señalada por organismos de derechos humanos y la presidenta Claudia Sheinbaum, por posibles afectaciones a la libertad de expresión. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el PAN impulsaron acciones legales en contra de la primera versión de la ley.