Alma Méndez
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) subrayó que, si bien la expropiación es un derecho constitucional cuando se justifica por una causa de utilidad pública, debe llevarse a cabo bajo un estricto cumplimiento legal y no como una decisión unilateral.
Esto, después de las recientes declaracionesl gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, urgió a la empresa inmobiliaria Grupo Proyecta donar un terreno de dos hectáreas para construir viviendas para policías. En caso de no acceder, señaló que habrían “procesos de expropiación a cuatro hectáreas”.
Ante ello, la cúpula empresarial hizo un llamado a las autoridades para fortalecer el diálogo y generar acuerdos que permitan mejorar la seguridad sin comprometer la propiedad privada ni la confianza de los inversionistas. Reiteró su disposición a colaborar activamente en la construcción de soluciones para el bienestar de la ciudadanía, siempre dentro de un marco de legalidad y desarrollo sostenible.
Señaló la importancia de respetar el Estado de Derecho y garantizar la certeza jurídica.
Asímimo, el organismo destacó su compromiso con la justicia social y la gobernanza compartida, en línea con el Modelo de Desarrollo Inclusivo promovido por Coparmex Nacional.
«Más allá de las declaraciones, es fundamental priorizar el diálogo para construir confianza y unión en el estado», señala el documento.
Además, enfatizó que la inversión, especialmente en el sector inmobiliario, es clave para el crecimiento económico y la estabilidad, por lo que consideró necesario evitar generar incertidumbre jurídica.