Por Alma Méndez
La Universidad Iberoamericana Puebla, urgió a la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE), cumplan con la instalación del Banco Nacional y Estatal de Datos Forenses que ordenan las leyes en la materia, pues es una omisión persistente representa una deuda del estado con las familias de personas desaparecidas para poder garantizar los procesos de identificación.
Esto tras la identificación Jorge Ramírez Hernández, realizada el jueves 26 de enero por la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares en el estado de Puebla, pues se asegura que la FGE no realizó las pruebas pertinentes a los cuerpos encontrados en una fosa clandestina ubicada en el municipio de Huejotzingo, donde se encontraba Jorge y tras cuatro años de búsqueda y exigencia de parte de sus familiares, por fin se entregó el cuerpo para darle santa sepultura.
El Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ, la Clínica Jurídica Minerva Calderón y el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática de dicha casa de estudios, reiteraron el llamado a la FGE y a la Comisión local de Búsqueda de Personas y al Gobierno estatal, para garantizar los mecanismos de verdad, justicia y reparación a las familias, con el objetivo de fortalecer la comunicación con las víctimas en los procesos de investigación e identificación; así como a procurar un trato digno y humano en las gestiones que conduzcan al retorno de Jorge Ramírez con su familia y en los procesos de esclarecimiento de su desaparición.
Señalan que Don Eladio y Juliana padres de Jorge, emprendieron su búsqueda desde el 27 de junio de 2019, fecha en que fue desaparecido, sumándose a la lucha de cientos de madres y padres en Puebla que buscan a sus seres queridos quienes hoy suman más de 2,470 personas. En estos años enfrentaron diversos obstáculos institucionales tanto en el proceso de investigación, como en los de búsqueda e identificación, situación que impidió que tuvieran acceso a su derecho a la verdad y justicia.
Cabe mencionar que desde 2019, las familias del Colectivo habían solicitado la búsqueda exhaustiva en las fosas localizadas en Huejotzingo, así como la realización de pruebas tendientes a establecer la identidad de las personas encontradas, mediante perfiles genéticos y otros mecanismos forenses de identificación; fue sino hasta la desaparición de un servidor público de la Secretaría General de Gobierno, ocurrida ese mismo año, que se llevó a cabo una acción amplia y coordinada para su búsqueda, hallándose en una fosa clandestina en el municipio junto a otras personas sin identificar, lo cual evidenció una actuación selectiva y discriminatoria, puesto que no se identificó a la mayoría de los cuerpos ubicados en ese momento, como consta en el Informe sobre la situación de la desaparición de personas en Puebla realizado por el IDHIE.