Jorge Barrientos
El diputado local de Morena, Andrés Villegas Mendoza, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de Puebla con el propósito de crear el delito de linchamiento, establecer penas de 10 a 15 años de prisión para quienes participen en estos hechos y sancionar a quienes los organicen, inciten o impidan la intervención de las autoridades.
Durante la exposición de motivos, el legislador señaló que «los linchamientos son considerados como actos ilícitos, que constituyen una de las expresiones más graves de la crisis en materia de inseguridad, violencia e impunidad, que enfrenta nuestro país», al advertir que la desconfianza en las instituciones ha propiciado que algunos ciudadanos recurran a la llamada justicia por propia mano.
Asimismo, sostuvo que «no se puede juzgar a nadie sin antes investigar y esclarecer los hechos; de lo contrario, estaríamos viviendo en un estado sin ley, en donde se violentan derechos humanos de personas», por lo que la iniciativa incorpora un tipo penal específico para sancionar estas conductas, además de agravantes cuando las víctimas sean menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad o mujeres embarazadas, entre otros supuestos.
La propuesta también reforma el artículo 419 del Código Penal para sancionar a los servidores públicos que retrasen la atención de estos casos o no actúen conforme al Protocolo de Actuación para Prevenir y Atender Casos de Intentos de Linchamiento.
En ese sentido, el documento señala que «existe la necesidad de perfeccionar los ordenamientos normativos existentes y contar con instrumentos dinámicos y eficaces que permitan inhibir y sancionar los linchamientos, además de difundir el reconocimiento y respeto de los derechos humanos de la(s) víctima(s) u ofendido(s)».
Como parte de la justificación, la iniciativa refiere que, de acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Gobernación, entre 2019 y 2024 se registraron 45 personas linchadas en Puebla, de las cuales 11 casos ocurrieron en 2024, por lo que Villegas Mendoza considera que el Estado debe fortalecer su marco jurídico para prevenir estos hechos y garantizar una actuación eficaz de las autoridades.