Delia Soriano
La Unión de Transportistas del Estado de Puebla (UTEP) solicitó la suspensión de programas como el reordenamiento del transporte y la revista vehicular, al considerar que carecen de sustento técnico y de consenso con los sectores involucrados. La organización propuso que las decisiones en materia de movilidad se definan mediante estudios técnicos, revisiones tarifarias y foros abiertos y permanentes, coordinados por universidades poblanas y con la participación de transportistas, usuarios y ciudadanía en general.
Lo anterior, tras la comparecencia de la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte ante el Congreso del Estado, la cual —señaló la UTEP— no abordó de fondo la problemática que enfrenta el sector.
La organización afirmó que su intención es contribuir a la construcción de un plan integral de rescate del transporte público en Puebla, dentro del marco constitucional y democrático. En este contexto, pidió la renuncia del diputado presidente de la Comisión de Movilidad y Transporte del Congreso local, Elpidio Díaz Escobar, al señalar falta de apoyo al sector transportista y ausencia de resultados legislativos para atender la crisis del transporte.
De acuerdo con la UTEP, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo han favorecido a empresas que califican como monopólicas, entre ellas el sistema RUTA y las plataformas digitales Uber y Didi, a las que —aseguran— se les ha otorgado respaldo legal, administrativo y presupuestal, lo que ha generado condiciones de competencia desigual en perjuicio de los transportistas tradicionales.
La organización sostuvo que el sistema RUTA opera en los corredores más rentables del estado y recibe un subsidio gubernamental por kilómetro recorrido, el cual se incrementa anualmente desde 2013 mediante una fórmula que, afirmaron, no se aplica a otros prestadores del servicio. En contraste, indicaron que los transportistas tradicionales mantienen una de las tarifas más bajas del país desde hace más de una década, sin que exista una revisión técnica que considere los costos reales de operación ni las necesidades de los usuarios.
Asimismo, denunciaron que desde hace más de ocho años han solicitado la regularización de rutas que han desaparecido, sin obtener respuesta por parte de la autoridad. Esta situación —señalaron— mantiene a miles de transportistas en la ilegalidad y propicia actos de corrupción y sanciones con fines recaudatorios. Bajo este contexto, la UTEP calificó la situación del sector como un “genocidio económico”, concepto que atribuyen a la UNAM, al considerar que las políticas públicas han afectado de manera deliberada la viabilidad económica del transporte tradicional.
Acusaron presuntas irregularidades en la Dirección de Inspección, al señalar prácticas recaudatorias, el uso excesivo de grúas y la imposición de multas máximas sin criterios claros, lo que —aseguraron— contraviene resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En relación con el servicio de taxi, la organización señaló que este ha disminuido de forma significativa en la capital del estado y la zona conurbada, debido a la falta de aplicación de las fórmulas técnicas que determinan el número de unidades en función de la población. Indicaron que la sobreoferta de permisos y la proliferación de plataformas digitales han provocado que muchos taxistas no logren ingresos suficientes para cubrir sus costos de operación. En este sentido, plantearon que las aplicaciones deberían ser de origen local y que los vehículos que operan mediante plataformas cuenten con permisos regulados por la autoridad estatal.
Finalmente, la UTEP criticó la planeación y ejecución de los programas implementados por la Secretaría de Movilidad, particularmente la revista vehicular y el supuesto reordenamiento del transporte, al señalar que no existen estudios técnicos públicos que sustenten su viabilidad ni consenso con los transportistas. Además, cuestionó el presupuesto ejercido por la dependencia en 2025, superior a los mil 300 millones de pesos, al considerar que no ha generado beneficios tangibles para la ciudadanía.