Delia Soriano
Habitantes del fraccionamiento Palmas, ubicado en el municipio de San Pedro Cholula, denunciaron presuntas irregularidades, abuso de autoridad y posible tráfico de influencias en un conflicto legal que mantienen con una asociación civil integrada por una minoría de vecinos. Los colonos exigieron al juez Juan González Bello analizar a fondo el caso y actuar con imparcialidad, al señalar una supuesta relación de amistad con uno de los involucrados.
De acuerdo con los vecinos, en el fraccionamiento habitan alrededor de 70 familias, mientras que ocho personas conformaron una asociación civil que —aseguran— no representa a la mayoría. Señalan que esta minoría habría actuado en colusión con el entonces síndico municipal Iván Cuautle Minuti, quien el 13 de junio presuntamente ordenó el retiro de los vecinos de la caseta de acceso mediante un operativo con encapuchados y patrullas, lo que derivó en el despido de conserjes y la imposición de “comisionados” del Ayuntamiento.
Los colonos explicaron que el fraccionamiento no está regido por un régimen de condóminos, por lo que convocaron a una asamblea general en la que la mayoría votó por una mesa directiva. Indicaron que la sesión fue virtual, grabada y notariada, y que incluso integrantes del grupo minoritario participaron sin resultar electos.
Ante la falta de reconocimiento y tras la salida del exsíndico de sus funciones, los vecinos optaron por reorganizar la seguridad: contrataron conserjes y montaron una caseta provisional en propiedad privada, lo que —afirman— impidió nuevas acciones de fuerza.
La inconformidad se agudizó cuando recibieron una medida precautoria emitida por el Poder Judicial, que —según denuncian— favorecería a la asociación civil minoritaria sin considerar el contexto ni escuchar a la mayoría. Señalan que el proceso se habría tramitado como un juicio entre integrantes de la asociación, excluyendo al resto de los vecinos.
Este lunes, los colonos acudieron a Ciudad Judicial para presentar una queja formal contra el juez González Bello y solicitar la suspensión de la medida. Argumentan que existe un conflicto de interés por la relación de amistad entre el juez y el vecino Luis Alberto González Rosas, a quien identifican como asesor jurídico vinculado a Coparmex.
Acusaciones de amenazas y vulneración de derechos
Los vecinos también denunciaron la colocación de lonas que exigen pagos a una asociación a la que —aseguran— nunca se afiliaron, así como amenazas contra conserjes con presuntas detenciones si operan el portón. Consideran que estas acciones vulneran su derecho de libre tránsito y acceso a sus domicilios.
Finalmente, informaron que mantendrán movilizaciones pacíficas y solicitaron la intervención de autoridades superiores para garantizar un debido proceso, sin favoritismos, y el respeto a la decisión democrática de la mayoría del fraccionamiento. “Queremos que se investigue antes de resolver; somos mayoría y exigimos justicia”, expresaron.