Delia Soriano
Habitantes de la comunidad de San José Zetina, perteneciente a la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla, denunciaron públicamente un presunto intento de despojo de alrededor de 900 hectáreas de terrenos comunales, en el que, aseguran, estarían involucrados funcionarios municipales y particulares ligados a la familia Pacheco Pensado.
De acuerdo con los testimonios recabados, los pobladores acusan a trabajadores del Departamento de Catastro del Ayuntamiento de Puebla de presuntamente colaborar con la empresa Inmobiliaria Vasur S.A. de C.V., propiedad de la familia Pacheco Pensado, con el objetivo de favorecer la apropiación irregular de una amplia extensión de tierras ubicadas en la zona sur de la capital poblana.
Los comuneros explicaron que desde hace varios meses han detectado movimientos administrativos y legales que buscan modificar la situación jurídica de sus terrenos. Aseguran que la familia Pacheco Pensado ha presentado escrituras con fecha de 2015 para acreditar la propiedad de los predios, mientras que ellos cuentan con títulos de propiedad que datan de 1932, además de registros oficiales emitidos en 1962, que respaldan su posesión ancestral del territorio.
“Nosotros nacimos aquí, nuestros padres y abuelos han vivido en estas tierras por generaciones. Tenemos documentos legales y registros que lo comprueban. No vamos a permitir que nos quiten lo que nos pertenece”, expresó uno de los representantes comunitarios durante la denuncia pública.
Los pobladores señalaron que, pese a que han acudido en distintas ocasiones al Ayuntamiento de Puebla para solicitar información y revisar el estatus de sus propiedades, no han obtenido respuestas claras. Por el contrario, aseguran que en algunos casos se les ha negado el acceso a los archivos catastrales, lo que ha incrementado su desconfianza sobre una posible manipulación de documentos en favor de particulares.
Ante este panorama, exigieron la intervención de autoridades estatales y federales para garantizar la legalidad de los procedimientos y frenar lo que consideran un intento de despojo. Además, solicitaron que se realice una revisión exhaustiva y transparente de los archivos catastrales municipales, con el fin de esclarecer las posibles irregularidades.
Finalmente, los comuneros advirtieron que, de no recibir una respuesta institucional, emprenderán acciones legales y movilizaciones sociales para defender su patrimonio. También hicieron un llamado a organizaciones civiles y defensoras de derechos agrarios para que acompañen el proceso y vigilen el actuar de las autoridades.